La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha dictado un auto en el que asegura que los agentes de la Guardia Civil que actuaron el 1-O en un colegio de Sant Joan de Vilatorrada incurrieron en «excesos» y golpearon a ciudadanos «sin finalidad aparente», a la vez que destaca la falta de «proporcionalidad» de la acción. Pero la resolución, por la que se ordena a un juzgado de Manresa que practique diligencias para identificar a los agentes, va más allá y argumenta que podía haberse permitido la votación porque «el resultado de la misma no hubiera tenido las consecuencias jurídicas pretendidas por los organizadores, por ser anjurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico constitucional español». Asevera que esto «era sabido por la fuerza actuante».

El auto incide que en otros puntos de Catalunya «no hubieron actuaciones policiales, las votaciones se realizaron, y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna». El tribunal argumenta que los mandos policiales «deberían haber valorado» que para logar su objetivo «era altamente probable» que resultara lesionado a algún ciudadano, con «un posible deterioro de la imagen en las instituciones». Los hechos ocurrieron en el IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Resultaron heridas 14 personas en la carga policial.

La resolución sostiene que los agentes tendrían que haber avisado antes de cargar: «No parece que la actuación policial se iniciará mediando la obligada información, aviso y requerimiento a los congregados« en la entrada del centro, aqunue »pudiera resultar evidente el motivo y la finalidad de su presencia«. Añade que »sin aviso ni requerimiento alguno y sin intentar apartarlos de delante de la puerta, ya fuera cogiéndolos y/o arrastrándolos, de forma sorpresiva les golpearon con las porras y defensas».

La resolución ha sido dictada con el tribunal dividido. Uno de los tres magistrados ha emitido un voto particular contrario a sus dos compañeros, entre los que se encuentra José María Assalit Vives, que ha redactado el auto, Este juez firmó en el 2014 un manifiesto en favor del derecho a decidir.

Así, la Audiencia de Barcelona acepta el recurso presentado por los denunciantes al que se sumó la Generalitat y la fiscalía.