Un juzgado de Sevilla investigará el uso de las tarjetas de crédito de una entidad pública de la Junta de Andalucía en diversos prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, por un importe cercano a los 32.000 euros, según se desprende de un informe policial realizado por la UCO de la Guardia Civil. De esta forma, tal y como ha pedido la fiscalía Anticorrupción, las supuestas irregularidades en el uso de las tarjetas de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) conformarán una pieza judicial distinta a la que investiga las ayudas a la entidad que debieron destinarse a cursos de formación.

El escándalo de las tarjetas de crédito de la Faffe fue desvelado la pasada primavera por el PP, personado en la causa como acusación popular. Inicialmente fueron pequeñas cantidades que fueron devueltas con posterioridad por el responsable de la extinta Faffe, Fernando Villén, pero posteriormente el informe policial desveló que las cantidades empleadas en usos dudosos rondaban los 80.000 euros entre clubs de alterne, hoteles, restaurantes, peajes o gastos sin justificar. Sin embargo, la Junta de Andalucía, que era la poseedora de la información de los movimientos de esas tarjetas y quien los ha facilitado al juzgado, fue dando los datos con cuentagotas entre las críticas de la oposición, que llegaron a achacar las trabas a que algunos de los usuarios aún estaban en los escalafones más altos de la administración andaluza.

De hecho, la mala gestión del asunto llevó al resto de partidos de la cámara andaluza a reclamar al PSOE una comisión de investigación en el Parlamento regional, a la que los socialistas finalmente accedieron pero que quedó disuelta con el adelanto electoral. No obstante, en un golpe de efecto, el PP se fue a la puerta de uno de los prostíbulos para detallar las doce “juergas” celebradas entre 2004 y 2009 y cargadas al erario público, según consta en el informe policial, el mismo día que la presidenta andaluza Susana Díaz anunciaba la convocatoria anticipada.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que ahora la juez María Núñez Bolaños, responsable del juzgado de instrucción de Sevilla, ha dictado una providencia para incoar diligencias previas y abrir así una pieza separada para indagar en el uso de las tarjetas opacas dado Y pide que se incorpore a la mismas el informe de la UCO. Fuentes judiciales señalan que los hechos investigados podrían constituir inicialmente un delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, el informe de la Guardia Civil recogía "serias dudas de la veracidad de los asientos contables" y dejaba al descubierto una "supuesta dinámica dirigida a camuflar contablemente estos gastos, a todas luces alejados de cualquier actividad de representación de la Fundación", lo que podría constituir un segundo delito de falsedad en documento contable.

Villén, único investigado por el momento en la causa, declaró ante el juzgado la pasada semana y reconoció haber realizado esos gastos, que atribuyó en parte a una confusión con su tarjeta de crédito personal. El resto de las ocasiones, aseguró al fiscal, empleó las tarjetas en el marco de la “actividad comercial” que tenía que ejercer al frente de la Faffe para buscar fondos privados con los que financiar el funcionamiento de la entidad pública, según señaló su abogado.