Los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes declaran este lunes en la Audiencia Nacional. Ambos han sido llamados por el juez Manuel García Castellón en relación a la pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta 'caja B' del Partido Popular de Madrid que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizado para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declarará también este viernes, y lo hará después de que lo haga el jueves su número 2 y sucesor en la presidencia, Ignacio González.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió "un plan a través del cual altos cargos de la Administración Autonómica Madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos". De acuerdo al auto de imputación del juez, "el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado", cuyas empresas debían actuar como "vehículo de trasvase de fondos" de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Éstas a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad "como forma de desviar" el dinero.
Primeras citas
Para cuando acudan Aguirre y González ya habrán declarado Lamela y Güemes, citados el lunes. El primero, como "principal impulsor" de la cláusula del 1% y parte de ese "Plan preconcebido a principios del 2004 dirigido a desviar fondos públicos, en este caso del presupuesto del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007,". Los investigadores apuntan que además, conocía la falsedad de las facturas presentadas por el empresario Horacio Mercado y aún así, habría ordenado que se pagasen.
Respecto a Güemes, fue junto a Lamela asistente en esa reunión de 2004 en la que se habría ordenado dar la publicidad a las empresas de Horario Mercado y "se involucró en el plan para conseguir fondos públicos para el PP de Madrid", según el auto de imputación. Aprobó la licitación de un contrato desde la Consejería de Empleo y Mujer para 2005 y 2006 con el que se habrían desviado hasta cerca de 200,000 euros de dinero público con las facturas falsas de Mercado. Ambos están investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
