El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, no tiene intención de dejar que la acusación popular que ejerce Vox se salga de esa función en el juicio por el procés. Cuando le llegaba el turno de impugnar las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por las defensas, el abogado y vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández, pidió al tribunal que fijara criterios sobre el uso en la vista de lazos amarillos, al estimar que «tienen un carga política indudable». El magistrado no dudó: «Es un símbolo ideológico y, por tanto, la Sala no va a poner ningún obstáculo para que lo usen».
Dio casi la impresión de que el magistrado Marchena esperaba la alegación de letrado que representa al partido ultraderechista Vox, porque, tras advertirle de que eso excedía el marco de la impugnación de las alegaciones de la defensa, se remitió al «tratamiento normativo de la utilización de símbolos», enumerando una serie de preceptos de ámbito internacional.
El partido de extrema derecha argumentó que «este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación» del tribunal que juzga a los dirigentes independentistas, pues «afecta» al respeto y a la consideración a la justicia.
El artículo 37 del Estatuto de la Abogacía fija que los abogados comparecerán ante el tribunal vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase más allá que la del propio del colegio profesional al que corresponda. De ahí que Marchena afirmase que «no tiene ninguna queja sobre la uniformidad de los letrados», puesto que ninguno de ellos lucía símbolo independentista alguno. Los lazos, chapas y colores amarillos estaban entre el público. Únicamente uno de los acusados, Jordi Sànchez, llevaba en la solapa un lazo. Los que fueron miembros del Govern portaban la insignia del cargo que ostentaban.
CONTUNDENCIA JUDICIAL
El juez fue contundente: «La opción de los acusados puede ser susceptible de muchos enfoques, pero el Supremo hace suya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Y mencionó dos precedentes al respecto: una sentencia que condenó a Bosnia y otra a Bélgica por no permitir símbolos «que fueron considerados religiosos».
A renglón seguido, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, manifestó que el Convenio de Roma equipara los distintivos ideológicos y los religiosos. La posible polémica quedó finiquitada en pocos minutos. Tras el varapalo, el abogado de Vox se centró en sus alegaciones.
