El letrado mayor y el secretario general del Parlament han advertido a la Mesa sobre la eventual aprobación de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad. Después de que la Mesa aprobara la tramitación de la ley del 1-O (con los votos de Junts pel Sí y Sí que es Pot), el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Cámara catalana, Antoni Bayona, y el máximo responsable de la gestión y el personal del poder legislativo catalán, Xavier Muro, han remitido un escrito en el que avisan de los riesgos jurídicos que supone.

En su documento, explican que la aprobación de estas dos leyes podría suponer una línea de continuidad de las declaraciones rupturistas anuladas por el TC y recuerdan a la Mesa su deber de paralizar cualquier iniciativa que vaya en esa dirección. También recuerdan que el sistema de lectura única fue suspendido por el Constitucional y que alterar el orden del día del Parlament recurriendo al artículo 81.3 "presentaría a la práctica unas características similares al procedimiento de lectura única".

Bayona ya puso en julio en cuestión la legitimidad del referéndum unilateral del 1-O y las bases jurídicas de la estrategia independentista. En un artículo titulado 'El futur polític de Cataluña: El paper del Parlament', publicado en la Revista Catalana de Dret Públic, Bayona avalaba el derecho a decidir, pero tras repasar la jurisprudencia vigente, concluía que "ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar el orden constitucional". Y aseguraba que la doctrina del Tribunal Constitucional cuestiona incluso la posibilidad de que fuera el Estado quien, previo acuerdo con la Generalitat, convocara el referéndum si la pregunta afectara al statu quo constitucional.

Bayona, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, lanzaba una última advertencia muy contundente: "En un contexto tan hostil, [la vía unilateral] puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como éste".