Xavier Muro y Antoni Bayona, las dos máximas autoridades jurídicas del Parlament de Catalunya, han capitaneado este miércoles la rebelión de los letrados de la Cámara contra las formas de Junts pel Sí y la CUP para forzar la tramitación y aprobación de la ley del 1-O. Se trata nada menos que del secretario general y del letrado mayor del legislativo catalán, dos voces de peso que llevan tiempo cuestionando el rol de la presidenta Carme Forcadell.

De hecho, la llegada de Muro a la secretaría general del Parlament en octubre del 2016 se produjo después de que su antecesor, el veterano Pere Sol, renunciase al cargo oficialmente por "motivos familiares", pero en medio de las suspicacias de que en el trasfondo de la decisión había razones políticas. Apenas estuvo un año en el cargo pero le tocó lidiar con las primeras convulsiones de la legislatura, derivadas de la tramitación de la hoja de ruta independentista.

Muro se licenció en Derecho y en Filosofía por la Universitat de Barcelona y es técnico de administración general de la Diputación de Barcelona y secretario de ayuntamiento con categoría superior. Ha sido también profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, de 1992 al 2012. Es letrado del Parlament desde 1992 y fue director de gobierno interior de la Cámara entre el 2000 y el 2016.

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Pero ha sido Bayona, el letrado mayor, quien más se ha significado en los últimos meses a la hora de refutar la legitimidad del referéndum unilateral del 1-O y las bases jurídicas de la estrategia independentista. En un artículo publicado en julio en la Revista Catalana de Dret Públic, Bayona avalaba el derecho a decidir, pero tras repasar la jurisprudencia vigente, concluía que "ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar el orden constitucional".

Sostenía el letrado mayor, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universitat Pompeu Fabra, que la doctrina del Tribunal Constitucional cuestiona incluso la posibilidad de que fuera el Estado quien, previo acuerdo con la Generalitat, convocara el referéndum si la pregunta afectara al statu quo constitucional.

Y lanzaba una advertencia muy contundente: "En un contexto tan hostil, [la vía unilateral] puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como este".

REFORMA CUESTIONABLE

Previamente, Bayona y el resto de letrados de la Cámara presentaron a Forcadell un informe en el que objetaban la reforma del reglamento del Parlament que permitía la tramitación exprés de la ley del 1-O. El documento alertaba de que modificar el orden del día de un pleno con una mayoría poco reforzada puede comprometer los derechos de los diputados de las minorías parlamentarias.