La última vez que de los grandes partidos pidió reformar la ley electoral española (LOREG), nadie llevaba mascarilla. Justo antes de que estallara la pandemia, el PP abogó por cambiar el texto para que los “prófugos de la Justicia” no pudieran ser candidatos. “Y que así [Carles] Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones catalanas cuando se convoquen”, dijo Pablo Casado. En esas mismas fechas, ERC registraba una iniciativa para ampliar el derecho de voto a los mayores de 16 años. Desde entonces, y pese a que el coronavirus ha evidenciado los problemas para asegurar el sufragio activo en tiempos de distancia social y cuarentenas, solo se ha registrado una iniciativa en el Congreso para reformar la norma. Lo hizo también ERC a finales del año pasado, pero no para solucionar los nuevos problemas que plantea la pandemia, sino otro que llevan arrastrando los electores en el extranjero desde hace diez años: eliminar el voto rogado.
El virus fue instaurando su ‘nueva normalidad’ en todos los aspectos de la vida, también en la celebración de los comicios: gallegos y vascos tuvieron que aplazar la cita con las urnas, poniendo sobre la mesa la necesidad de reformar una ley electoral que no contempla suspender o posponer elecciones y que apenas ha sido retocada en sus treinta y cinco años de vida. Nueve meses después, Cataluña se enfrenta a la misma situación sin que ningún grupo parlamentario haya puesto en marcha ninguna proposición de ley para solucionar este problema: ni reforma exprés para incluir aplazamientos por crisis sanitarias, ni cambios de mayor calado, como impulsar el voto telemático.
Propuestas en el cajón
La única iniciativa en este sentido lleva las firmas de Joan Baldoví (Compromís) e Íñigo Errejón (Más País), que el pasado julio llevaron al Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que presentara, entre septiembre y diciembre, una reforma de la LOREG que recogiera situaciones como enfermedad o incapacidad que dificulten el voto. La medida, pidieron ambos diputados, debería incluir el voto electrónico, periodos extraordinarios de voto por correo, “urnas volantes” y un mecanismo de aplazamiento. Ni siquiera se ha debatido.
El Gobierno tampoco ha llevado a la Cámara baja ningún proyecto de reforma a lo largo de esta legislatura, a pesar de que desde Europa pedían ya en octubre que las normas para aplazar elecciones se establecieran “en la Constitución o en una ley orgánica", como la LOREG. Entre los compromisos del Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Podemos figuran reformar la ley para eliminar el voto rogado, establecer listas cremallera, buscar una fórmula electoral más proporcional y ampliar el derecho de voto a los mayores de 16. De momento, todo esto también ha quedado en nada.
Los frutos de la subcomisión
Cuando socialistas y morados se fijaron estos objetivos, el pasado enero, no se había declarado una pandemia, pero no parece que el Ejecutivo haya renunciado a estos planes. En el examen del grado de cumplimiento que la propia Moncloa realizó en diciembre, aseguran que “se está debatiendo con los grupos la creación de una subcomisión para la reforma del sistema electoral”. La última subcomisión dejó como resultado años de trabajo sin reformas de calado por la falta de consenso. Solo un logro: asegurar el voto de las personas con discapacidad.
Sobre reformas exprés hay sin embargo un precedente. En 2016, después de que se repitieran por primera vez las elecciones generales, los partidos acordaron sin votos en contra un cambio en la norma para evitar ir a las urnas el día de Navidad. También se establecieron condiciones especiales para la repetición de comicios, como acortar la campaña o limitar el gasto en subvenciones. La reforma se puso en práctica cuatro años después, cuando la falta de acuerdo abocó otra vez a repetir la cita con las urnas.
