El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que la primera ley que impulsará desde su ministerio para la Protección de la Infancia y la Adolescencia se incluirá la obligación de cualquier persona de "denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes". Así lo ha explicado en la primera sesión de control en el Senado a la que acude y en respuesta a una pregunta sobre las niñas prostituidas en Baleares.

Tras volver a afear a PP y Cs el uso político de unos hechos de abuso de unas menores en centros tutelados del archipiélago, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha explicado que la legislación que pretende impulsar, a la que le ha dado el nombre de Ley Rhodes, conllevará que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad. Estas medidas, al igual que el resto, ya estaban incluídas en el proyecto de ley que se presentó en la pasada legislatura.

En este mismo sentido y para respaldar la actuación del Ejecutivo ante hechos como los acaecidos en Baleares, el jefe de los morados ha puesto sobre la mesa algunas otras medidas: la creación de la figura del "coordinador de bienestar y protección" que estará presente en todos los centros educativos, la puesta en marcha de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la formación especializada a jueces y fiscales o la creación de un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia.

"Hace ya tiempo que en nuestro país era necesaria una Ley como esta que proteja la dignidad y los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, que es algo que nos debería preocupar a todos independientemente del color político", ha sentenciado Iglesias criticando la actitud de populares y naranjas.