El exconsejero andaluz de Hacienda detenido por las irregularidades en los cursos de formación pagados con fondos públicos ha quedado esta tarde en libertad sin fianza tras prestar declaración judicial. El juez que investiga el caso imputa a Ángel Ojeda los delitos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida, y ha pedido la retirada de su pasaporte de forma preventiva.
Ojeda, detenido el pasado lunes junto a su hijo y otras siete personas en el marco de la 'Operación Óscar' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, ha comparecido durante unas cuatro horas ante el titular del juzgado de instrucción número 2, que investiga el supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas para cursos de formación. Inicialmente se le ha imputado, de forma genérica, otro delito contra la Administración que se concretará cuando las pesquisas policiales confirmen posibles irregularidades en la concesión de las subvenciones.
Junto a Ojeda ha comparecido ante el juez otro de los implicados, que también ha quedado en libertad con cargos y la obligación de comparecer ante la justicia. El resto de detenidos quedaron en libertad tras declarar ante la Policía Nacional y aún no han pasado a disposición judicial.
Fuentes judiciales señalan que la Fiscalía de Cádiz tiene intención de solicitar al juez que se inhiba del caso a favor del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ya que ésta lleva meses investigando junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también el destino de las subvenciones para formación otorgadas por la Junta de Andalucía, entre las que se encuentran las empresas vinculadas a Ojeda, por lo que será la juez quien posiblemente asuma todas las diligencias.
La investigación contra Ojeda se centra en un presunto fraude millonario con los fondos públicos concedidos para cursos de formación para desempleados. Un informe policial señala que el que fuera consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990 montó años después de su salida del Ejecutivo un entramado societario para recibir ayudas, especialmente desde el año 2009, fecha en la que cambia el reglamento para conceder estas subvenciones. Estas empresas habrían recibido más de 33 millones de euros, concedidas por un departamento dirigido por un familiar.
La Policía habría detectado además diversas irregularidades en el destino dado a esos fondos. De hecho, Alaya ya dio a conocer en un reciente auto las anomalías detectadas en los cursos de formación para extrabajadores de la multinacional gaditana Delphi, impartidos supuestamente por empresas vinculadas a Ojeda y por las que imputó además al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
La investigación policial ya ha saltado al terreno político, y el PP de Andalucia ha reclamado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el Ejecutivo explique los motivos de la detención y si se ha exonerado al entramado empresarial de Ojeda de su obligación de justificar las ayudas públicas antes de concurrir a nuevas convocatorias. Por su parte, el Gobierno andaluz ha negado esta exoneración a través del portavoz del Ejecutivo, mientras que el consejero de Educación ha recordado que se están revisando "uno por uno" los 8.000 expedientes de ayuda a la formación dados en los últimos años con el objetivo de que se devuelva "hasta el último euro si se ha hecho un mal uso" de las ayudas.
