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DESDE MADRID

La línea Maginot de Pedro Sánchez

El presidente toma precauciones: una cuarta vicepresidencia, el protocolo con Unidas Podemos y se reserva novedades en la estructura orgánica del Gobierno / Uno de los primeros proyectos de ley será para reformar el Código Penal y favorecer en el 2020 la excarcelación de Junqueras: ni indulto ni amnistía

 

Iglesias y Sánchez. -

El líder del PSOE no solo soportó, impávido, los avatares de las tres sesiones del debate de su investidura, en las que los socios parecían adversarios y los opositores 'hooligans', dando calladas por respuesta a los primeros y cera dialéctica a los segundos, sino que también, en la misma tarde de su designación, antes de tomar posesión del cargo, uno de sus vicepresidentes 'in pectore', creyendo que lo era muy singularmente, desveló nombramientos y estructuras administrativas de la íntegra competencia presidencial. Y provocó la primera y fulminante medida del socialista: aplazar hasta este domingo el anuncio completo del Gobierno, instar la firma inmediata de "un protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de Gobierno progresista" y añadir -sin que estuviese previsto- un nuevo peón en el Ejecutivo -una cuarta vicepresidencia- para diluir a Pablo Iglesias y disminuir sus ínfulas. Y gotear filtraciones hasta casi completar el elenco de sus ministros.

En realidad, la(s) vicepresidencia(s), según la ley de Gobierno de 1997, carece de capacidades jerárquicas y le(s) corresponde "el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente" (artículo 3.1), de tal manera que el título es más una condición dejada a la voluntad presidencial que un estatuto especial en el Ejecutivo, a salvo de la sustitución circunstancial del jefe del Gobierno en su ausencia, responsabilidad que recaerá en la que asuma ese cargo con preferencia respecto de los otros tres y que será Carmen Calvo.

Se barrunta en la Villa y Corte que el cuarteto vicepresidencial no será la única sorpresa. Se augura que la estructura orgánica del Gobierno -la descripción de los ministerios, de las secretarías de Estado y el reparto de competencias, que es de la responsabilidad del presidente (artículo 2.J de la ley de Gobierno)- establecerá algunas asignaciones ahora no conocidas, como, por ejemplo, las presidencias de la Comisiones Delegadas del Gobierno.

Iglesias, por otra parte, no podrá competir con Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera porque adosarán a su condición de vicepresidentas ministerios de importancia política y relevancia presupuestaria. El presidente ha construido una auténtica línea Maginot defensiva ante las incursiones, posibles y previsibles, del líder de Unidas Podemos. Se trata de un Gobierno fortificado con defensas ante su socio antes que frente a la oposición de la derecha, desahogada en la hipérbole en vez de eficaz en la dialéctica dura pero sobria.

Un orfeón político

No debería extrañar que el presidente tome estas precauciones dados los antecedentes de sus relaciones con Iglesias y Unidas Podemos. Los cinco folios de instrucciones para manejar los desacuerdos posibles en los interlocutores del pacto de Gobierno son prudenciales, pero también inquietantes: el documento parece un reglamento más que un protocolo, y exuda desconfianza en las derivas, especialmente las mediáticas, de los morados y comunes, que deben demostrar su capacidad de disciplina en un órgano colegiado -el Consejo de Ministros- que es mucho más un orfeón político bajo una única dirección que un coro eclesial de feligreses bienintencionados. Para Unidas Podemos, como para casi todos, la prueba de contraste es la política catalana y las resoluciones judiciales.

Entre ERC y EH Bildu, le han formulado a Pedro Sánchez centenares de preguntas en el Congreso y en el Senado y dos salas del Tribunal Supremo (Tercera y Segunda); le han echado el candado a Oriol Junqueras -ya considerado inhabilitado por el propio Parlamento Europeo-, que no estará el lunes en Estrasburgo.

Sí Carles Puigdemont y Toni Comín, que se benefician de la novísima doctrina del tribunal de Luxemburgo cuya sentencia ha sido interpretada por los siete magistrados que juzgaron a los 12 del 'procés' en la línea que anunciaban juristas tan solventes como Diego López Garrido o, más recientemente, el exministro socialista de Administración Territorial y Justicia, expresidente del Consejo de Estado y catedrático de derecho administrativo Tomás de la Cuadra Salcedo ('El País' de 3 de enero pasado), que afirmaba: "Las dificultades derivadas de la sentencia del TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras implican una cuadratura del círculo. Cumplirla con exactitud supone incumplir con nuestra Constitución".

La tesis de este académico, además de desafiar la interpretación jurídica más politizada, alababa al Supremo: "En todo este asunto no ha sido el TJUE quien ha dado, precisamente, ejemplo de lealtad, sino nuestro Tribunal Supremo, que ha dado pruebas de cooperación leal, dignidad y respeto a la ley y al derecho." Ahora, a la espera del debate de los suplicatorios que Pablo Llarena ha librado a Bruselas contra los dos eurodiputados manteniendo, a la vez, las peticiones de detención y entrega.

El delito de sedición

La contrariedad que le produce a Sánchez la ejecución de la sentencia europea sobre el líder del partido que le facilitó la investidura es mayúscula (la tesis de la Abogacía del Estado, totalmente desestimada), pero entre los togados de la madrileña plaza de la Villa de París ha arraigado la convicción de que uno de los primeros proyectos de ley orgánica que acuerde el Consejo de Ministros será el que reforme el Código Penal y, más concretamente, los delitos sexuales contra las mujeres y el de sedición, cuya sanción disminuirá.

Con los efectos retroactivos de toda norma penal, Junqueras podría estar en la calle antes de que termine el 2020, por lo tanto, sin amnistía y sin indulto. Y a partir de ahí funcionará la mesa intergubernamental dando por hecho que antes de que la justicia inhabilite en firme a Quim Torra, aunque ya lo esté por la Junta Electoral Central (JEC), Cataluña irá a elecciones muy poco antes de que lo hagan Galicia y Euskadi, en septiembre. Además, Sánchez ya sabe que tiene vetados por la "otra" oposición los acuerdos que requieran tres quintas partes del Congreso.

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1 Comentario
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Por jauto47 13:31 - 11.01.2020

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El reglamento es un contrato, se acepta de común acuerdo y no conozco contrato alguno que se firme por confianza mutua.de cualquier forma los contratos y las leyes existen para que se incumplan, ¿ o no? Sino no a lugar a su existencia.

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