El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiere que «el error de interpretación de las autoridades belgas», que el miércoles rechazaron las euroórdenes cursadas contra los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, sea un ejemplo para las autoridades alemanas y apliquen el mismo criterio y denieguen la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Por eso, se apresuró a comunicar a la fiscalía germana que el auto de procesamiento es equiparable a una orden de detención y cumple sobradamente con los requisitos previstos en la decisión marco que regula las órdenes europeas de detención y entrega (OED).

La fiscalía, que respalda los argumentos del magistrado sobre la validez de los autos de procesamiento para basar en ellos las euroórdenes, le ha pedido que, pese a ello, dicte una nueva resolución en la que mantenga la prisión que ya acordaba en ese auto y que vuelva a emitir una euroorden para lograr la entrega de Comín, Serret y Puig. Esta petición sería la tercera elevada a Bélgica (la primera fue la cursada por la jueza Carmen Lamela que luego revocó Llarena, para reactivarla tras procesar a los imputados). De esta forma, según el ministerio público español, se despejarían las dudas que plantearon sus homólogos belgas y estos volvería a apoyar la entrega a España de los reclamados.

En su informe, la fiscalía española no plantea la adopción de esta misma medida en las peticiones cursadas a otros países, como Alemania, para lograr la entrega de Puigdemont, o Escocia, para la de la exconsellera Clara Ponsatí. Y eso que fuentes fiscales temen que lo ocurrido en Bélgica se pueda contagiar a otros países.

La posibilidad de cursar una nueva euroorden a Bélgica existía desde el momento en que la justicia de ese país había rechazado la entrega de los reclamados por un defecto formal, consistente en la ausencia de una orden de detención dictada contra ellos por Llarena. Como no entró en el fondo del asunto, su resolución, que se conocerá en unos días, no crea cosa juzgada, lo que impediría una nueva reclamación.

Pero no ha sido esa la carta que, al menos de momento, ha decidido jugar el juez Llarena, como hacía presagiar el pesimismo que se transmitía desde el alto tribunal tras conocerse la resolución belga. El instructor de la causa por rebelión ha optado por dirigirse a la fiscal jefe del tribunal alemán que debe resolver la entrega de Puigdemont para tratar de evitar una decisión similar que vetaría que el máximo responsable del proceso independentista catalán se siente en el banquillo con los demás procesados.

En una misiva explica que Bélgica denegó la entrega de los exconsellers porque la euroorden cursada no mencionaba orden de detención previa a su emisión y no entendía que el auto de procesamiento fuera equiparable a esa orden de arresto. Este extremo, que esta resolución es suficiente para respaldar una euroorden, es en lo que se reafirma el magistrado, pese a lo entendido por la fiscalía belga.

Confianza recíproca / En opinión del juez, resulta contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza de las resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español. Pero para curarse en salud y «evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error» ha procedido a informar a Alemania de que el auto de procesamiento es una de las resoluciones judiciales que la decisión marco prevé para basar una orden europea de detención. Reproduce incluso el acuerdo europeo en lo relativo a «la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza», lo que incluiría el auto de procesamiento.

El notificado el pasado 23 de marzo a los 23 procesados recoge los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigemont, ya terminada la instrucción en su parte fundamental. En él acordaba su ingreso en prisión y por él, si Puigdemont fuera encontrado en España o se le entregara, «sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión». Para evitar nuevos malos entendidos el magistrado dice quedar a disposición de la fiscal alemana para cualquier nueva aclaración que necesite.