Concluido un testimonio pendiente de la semana pasada, relativo al delito de malversación, el juicio entró ayer en una nueva fase, en la que fueron compareciendo ante el tribunal los guardias civiles que participaron en las distintas diligencias de investigación y, en concreto, en los registros de la operación Anubis, del 20 de septiembre de 2017. Pese a que hasta ahora el acoso a la comisión judicial se había centrado en la Consejería de Economía, uno de los agentes citados trasladó el foco de la tensión al registro de Unipost, donde se intervinieron el material electoral del 1-O y otro, al Departamento de Exteriores. Según su relato, los concentrados a sus puertas tenían «una rabia descontrolada» y trataron de sacar de la cápsula de seguridad que se había hecho para poder salir del edificio al detenido, el entonces responsable de Tecnología de Exteriores, Xavier Puig Farré.

Según el testigo, previamente la letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) que asistía a ese registro del despacho de Puig Farré, salió rodeada por ocho agentes y se introdujo en un vehículo, que fue zarandeado por los concentrados, por lo que ella estaba «horrorizada», acabó llorando y llegó visiblemente afectada al siguiente registro.

El guardia civil dijo que el responsable de la Generalitat no era un personaje público por lo que no entendía la reacción de la gente «cogiéndole del cuello y de la ropa» para sacarle fuera del dispositivo, lo que hizo que «los insultos y amenazas de muerte» que había habido hasta entonces quedaran en un segundo plano. Cifró las personas concentradas en entre 200 y 300.

Previamente el testigo había señalado que los mossos no habían intervenido el ataque sufrido por la comisión judicial, «solo miraban», y se felicitó por el hecho de que pese a la «agresividad» de los concentrados no se produjeran daños entre los agentes o de ellos a los manifestantes

Uno de ellos, que participó en el registro del domicilio del entonces número dos de Economía, Josep Maria Jové, explicó que no lo condujeron a la Consejería de Economía porque el teniente encargado del operativo en ese edificio le dijo que era «imposible» y que el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, le había dicho que no se permitiría la entrada de ningún vehículo.

Le había precedido en el estrado otro guardia civil, que relató que el exsecretario de Hacienda catalán Josep Lluís Salvadó ordenó a su secretaria que tirara «la pila de papeles que tenía sobre la mesa al patio», mientras los agentes llamaban a su domicilio para proceder a su arresto y al registro que había ordenado el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.