El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este sábado su anunciada gira europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo ha recibido en el Palacio del Elíseo para mantener una reunión en la que han analizado, entre otros asuntos, la respuesta que ha de dar la Unión Europea (UE) al problema migratorio.

Tras el encuentro, los dos líderes han anunciado que propondrán a sus socios europeos la creación de centros de desembarco "en suelo europeo" desde donde se gestione la situación de los inmigrantes y se les reparta a distintos países de Europa. "Necesitamos un camino claro de solidaridad, no tratar caso por caso", ha aseverado Macron.

La propuesta, abordada ya con la canciller alemana, Angela Merkel, consiste en crear "centros cerrados en suelo europeo", en los que se tratarían los expedientes de los demandantes de asilo para agilizar los trámites y para devolver a sus países a aquellos que no gocen de ese derecho.

En la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron Macron y Sánchez, el presidente del Gobierno español se refirió también a la situación del barco Lifeline, que está en el mar desde hace más de dos días con cerca de 230 migrantes a bordo,a la espera de que algún país le autorice a atracar en un puerto seguro, ante la negativa de Italia y Malta. "Apoyamos, por supuesto y como no puede ser de otra manera, la propuesta que hacemos conjunta de Francia y España a Italia para resolver" la situación de este buque, dijo el jefe de Gobierno español.

"Cerrar fronteras no es la solución"

"Lo que discutimos mañana (en Bruselas) es que, en primer lugar, el desembarco debe respetar el principio humanitario de socorro", detalló Macron, quien dijo que su propuesta es diferente a la del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, favorable a crear "plataformas" en los países africanos de origen y de tránsito.

Según detalló el mandatario francés, la iniciativa que consensuó con Merkel son centros que se basan en lo recomendado por la ONU y bajo la máxima de que "lo más cercano es lo más seguro" para el desembarco de los inmigrantes. "Es una solución de cooperación que respeta el derecho", apreció Macron, quien alertó a no ceder a la "hipersimplificación y a la manipulación", en alusión a los populistas que gobiernan varios países. "Es cierto que hay escepticismo, pero la clave en Europa es que haya eficacia y humanidad al mismo tiempo", agregó el mandatario, quien reconoció los fallos del actual sistema de asilo europeo de Dublín.

Macron juzgó que el mal que se cierne en Europa es una "crisis política" de la que se han aprovechado los populismos y los extremismos y aseguró que "cerrar fronteras" no es la solución. "Un país como Italia no ha tenido la misma presión migratoria que el año anterior. Las llegadas han disminuido más de un 80 % por la cooperación con Libia", indicó.

Macron también se ha mostrado a favor de la imposición de sanciones financieras contra los países europeos que rechacen acoger refugiados. "No podemos tener países que se beneficien masivamente de la solidaridad de la UE y que reivindiquen masivamente su egoísmo nacional cuando se trata de temas migratorios", ha afirmado.

Sánchez tiene prevista una visita a Berlín, el 26 de junio, pero antes de eso pasará el domingo 24 por Bruselas, donde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocado una cumbre informal para tratar de acercar posiciones antes del Consejo Europeo. Con Macron se volverá a reunir el 26 de julio en Madrid.

Rebajar expectativas

Merkel ha tratado de rebajar las expectativas sobre esta cumbre, recalcando que no habrá conclusiones, solo una reunión de trabajo. A ella estaban convocados originalmente los líderes de Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Bulgaria, Austria y Malta, y también se han sumado Bélgica, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, ha defendido que el "catalizador" de ese encuentro fue la decisión de Sánchez de acoger en España el buque Aquarius, con 630 migrantes a bordo, después de que tanto Italia como Malta le cerrasen sus puertos. El Ejecutivo considera que esa decisión ha sido un aldabonazo que obligará a los países miembros a abordar seriamente el tema de la política migratoria y no dejarlo pasar como un tema más de la agenda.

De hecho, el Gobierno español ha evitado cargar las tintas contra Italia, porque entiende que la gestión de las fronteras exteriores debe ser común y no dejar toda la responsabilidad en manos del país fronterizo de turno.

Sin embargo, la discusión no ha hecho más que empezar y la canciller alemana está bajo la presión de la CSU, el partido 'hermano' en Baviera de la CDU, que le ha dado un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo europeo.

Plataformas de desembarco fuera de la UE

Por su parte, la presidencia búlgara de la UE propondrá este domingo el cierre inmediato de las fronteras exteriores a los migrantes y la creación de centros especializados para ellos fuera de las fronteras europeas. Su esperanza es frenar las preocupaciones del llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa), que se opone al reparto de refugiados obligatorio en la UE.

La creación de esos centros de migrantes o "plataformas de desembarco", una idea lanzada por Austria, Dinamarca y Países Bajos promete ser otro aspecto contencioso.

El Gobierno español, por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado dispuesto a estudiar los centros de migrantes, argumentando que, en función de quién los gestione y qué garantías tengan, pueden contribuir a evitar que las personas "se echen al mar".

El borrador que los líderes europeos tendrán sobre la mesa en el Consejo Europeo habla de crear estos centros para los que son rescatados en el mar, en cooperación con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Su objetivo es que esas plataformas permitan clasificar rápidamente a las personas como "migrantes económicos" o personas con "necesidad de protección internacional" y, además, "reducir el incentivo de embarcarse en viajes peligrosos".

En España, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado al Gobierno a oponerse a esta posibilidad, por considerarla "una medida insolidaria y contraria al derecho humanitario".