En la capital de España la tensión se corta. Se está desenvolviendo una crisis política de gobernabilidad indisimulada. Este jueves, Ciudadanos, socio de investidura de Mariano Rajoy, se reúne con Podemos para acumular fuerzas e impulsar la reforma de la ley electoral a la que se resiste el PP -pese a los acuerdos firmados en agosto de 2016 entre Juan Carlos Girauta y Rafael Hernando- y también el PSOE. Los nuevos partidos confían electoralmente en las ciudades y en los votantes más jóvenes. Los populares y los socialistas se aferran a las circunscripciones menos pobladas y a los electorados más envejecidos. Para Albert Rivera es esencial ir a unas elecciones generales con una mayor proporcionalidad que le ofrezca oportunidad de sobrepasar al PP. Los morados, de capa caída, confían en que una nueva ley electoral les diluya el descenso que las encuestas le auguran. Si no hay acuerdo entre el PP y Cs en esta materia y Rajoy no ordena que Pilar Barreiro, la senadora imputada en el 'caso Púnica', deje el escaño, no habrá Presupuestos y la legislatura tendría un horizonte que no pasa del primer semestre de 2019.

Este encuentro ha coincidido con dos hechos: de una parte, la encuesta de CIS del lunes, que en voto directo establece un claro empate entre el PP, PSOE y Cs y en estimado desploma a los populares siete puntos desde las generales del 26-J, que son los que atrapa el partido de Rivera. Ciudadanos sobrepasa claramente a Podemos, mientras el PSOE se mantiene estable aunque frágil; de otra parte, el Gobierno y Génova atacan a los naranjas por su financiación y quieren someterlos a investigación. Hostilidades desatadas, más aún cuando los portavoces del PP zahieren la supuesta pasividad de Inés Arrimadas en Catalunya. Guerra total.

Refractario a los cambios

A partir de este miércoles, además, se pone en marcha -salvo clamorosa rectificación del Gobierno- la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo a la que se opone el PSOE que quiere un técnico (no un ministro) y que, además, sea mujer. Si por Rajoy fuese -y así lo confiesa uno de sus colaboradores-, el ministro de Economía seguiría siéndolo. El presidente es refractario a los cambios. Desde que llegó al poder en diciembre de 2011, solo "le han dimitido" cinco ministros: Ana Mato (Sanidad), José Manuel Soria (Industria) -ambos por escándalos de corrupción o mentiras-, Alberto Ruiz Gallardón, (Justicia) Miguel Arias Cañete (Agricultura), que obtuvo plaza de comisario europeo de Energía y Cambio Climático y José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Turismo) que fue exportado a la embajada española de la OCDE en París. Y de su primer equipo en la X legislatura mantiene a siete ministros de trece en la XII.

El entorno del presidente sostiene que Rajoy se ve tentado a una mera "sustitución de Guindos pero no a hacer una crisis aunque parece que sería necesaria". Y así es: Rajoy sabe que tiene a su equipo muy gastado pero se resiste a un reajuste digno de tal nombre. Algunos ministros, como José Ignacio Zoido, en Interior, y Alvaro Nadal, en Energía, que tiene montada una fenomenal bronca con las empresas eléctricas y gasistas, son dos puntos flacos del ejecutivo. Aquel es un hombre de Dolores de Cospedal y este de Soraya Sáenz de Santamaría, y aunque la vicepresidenta no pasa por su mejor momento ha logrado situar a su estrecho colaborador, José Luis Ayllón, al frente del Gabinete del presidente. En muy pocos días se espera la dimisión de Alfonso de Senillosa, muy amigo de Jorge Moragas -fue su adjunto en el Gabinete presidencial- y en la actualidad director del departamento de Seguridad Nacional. El inicio del "desguace", se dice, del equipo de Moncloa. Rajoy podría optar por mantener quieta la instantánea y apostar por un técnico en Economía que bien podría ser Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.

El Tribunal Constitucional

Por otra parte, las relaciones entre el Gobierno y el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional son perfectamente descriptibles. Es la primera vez que el máximo órgano consultivo del Estado ha sido desoído en un recurso de inconstitucionalidad y es la primera también que el Constitucional se ve abocado a partirse en dos en el debate de admisión de la impugnación de la candidatura de Puigdemont y al pleno de su investidura. Además, el Gobierno teme que las tesis de ERC no se impongan sobre las de los diputados irreductibles de JxCat y Catalunya se vea abocada a nuevas elecciones. En esas circunstancias se prolongaría el 155 -lo que el Gobierno no desea- y la negociación presupuestaria, ya dificultada por la práctica ruptura con Ciudadanos, sería imposible por la negativa del PNV.

El termómetro de la situación de provisionalidad e inestabilidad la ofreció el domingo Felipe González en una oceánica entrevista en el diario 'El Mundo'. El expresidente dijo que si él estuviera en la posición actual de Rajoy "cedería el paso". Un criterio que concita muchos parabienes pero que choca con la dura realidad de que en el PP no hay sucesores. Las declaraciones de Alberto Núñez Feijoo el pasado domingo a 'La Vanguardia' aconsejando que el PP debiera ser la nueva CDC en Catalunya se han juzgado como de una torpeza extraordinaria. El político gallego ya defraudó expectativas también el pasado día 29 de enero en un desayuno muy nutrido de público en un hotel madrileño. Se escabulló de cualquier pregunta comprometida y sugirió que la sucesión de Rajoy no está sobre la mesa. Sin embargo, sí está en las principales agendas del país porque como publicó la semana pasada la agencia Bloomblerg "las elites han abandonado a Rajoy".