Manuel Marín preside el Congreso de los Diputados desde el pasado viernes, pero ya esta preparando un estatuto de imparcialidad de quienes ocupan ese puesto. Según sus planes, las personas que ocupen la presidencia de la Cámara baja, al finalizar su mandato, estarán sometidos a una moratoria de dos años antes de poder dedicarse a negocios privados. Tampoco podrán ser candidatos autonómicos o municipales.
Esas restricciones se incluirán en el proyecto de reforma del Reglamento del Congreso que prometió el PSOE con el objetivo de dar más protagonismo político al Parlamento. Los límites a los presidentes del Congreso que proyecta Marín se auguran polémicos, pero el nuevo presidente quiere discutir el tema con la oposición de inmediato.
Marín opina que "para garantizar la independencia es bueno que el presidente no sea miembro orgánico ejecutivo o consultivo de su partido", razón por la que él mismo ha abandonado la ejecutiva del PSOE. También considera que, tras dejar la presidencia de la Cámara, sólo deberían poder presentarse a diputado o a senador, pero no ser candidatos en autonomías o municipios para dejar claro que ese puesto "no es una plataforma para nada".
Aunque tengan su estatuto de imparcialidad, los presidentes del Congreso de los Diputados podrán votar con su grupo político, como hizo Gregorio Peces-Barba, el primer presidente socialista del Congreso entre 1982 y 1986.
MANO IZQUIERDA La idea de hacer un estatuto de este tipo se le atribuía precisamente a Peces-Barba, hoy rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Pero él mismo confiesa que es una iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le molestó la actitud partidista de Luisa Fernanda Rudi la pasada legislatura.
Peces-Barba apoya la idea, si bien añade que el ejercicio presidencial depende más "de la mano izquierda y del sentido del humor" del individuo que de otra cosa. "Siempre hay presiones, y las peores son las de los propios", asegura.
