Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le está agotando el recorrido del argumento sobre el acercamiento de los políticos presos a cárceles catalanas hasta ahora usado por el Gobierno: que esa decisión corresponde al juez de instrucción. Discrepa el juez Llarena.

El ministro habló en ese sentido a Onda Cero ayer -como ya hizo la ministra Meritxell Batet entrevistada-, pero el magistrado que instruye en el Tribunal Supremo la causa del proceso secesionista le ha contestado en la misma mañana en un auto en el que aclara, incluso citando legislación, que la potestad de trasladar presos no es suya, sino de Instituciones Penitenciarias, secretaría dependiente del Ministerio del Interior. El objeto del auto del magistrado Llarena era denegar la libertad provisional a Carme Forcadell, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

En la mesa de Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, espera respuesta una doble solicitud de traslado a prisiones catalanas de Junqueras y Romeva, que está «próxima a su resolución», según fuentes no oficiales penitenciarias. No será antes del lunes, indican: «Yuste no firmará eso», dicen en alusión al próximo nombramiento de Ángel Luis Ortiz, exjuez de vigilancia penitenciaria y asesor jurídico del Ayuntamiento de Madrid, como nuevo secretario general de Prisiones.

A él le tocará abordar el caso. Las fuentes de la Secretaría que sí son oficiales se atienen solo a lo declarado por el ministro: que «se podría y se debería» estudiar el traslado si lo autoriza la autoridad judicial.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van en Eynde, envió las peticiones de acercamiento el pasado 27 de abril, no a Llarena, sino a Instituciones Penitenciarias, que no ha consultado aún al juez sobre esas solicitudes, según fuentes cercanas al caso.

El camino elegido por el letrado es, de hecho, el que han de seguir las peticiones de traslado de los presos, ya sean preventivos o condenados. Lo aclara el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, que establece que la Secretaría General «tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los establecimientos penitenciarios», si bien matiza que Interior decide «sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso».

El Reglamento establece que Instituciones Penitenciarias «ordenará los traslados correspondientes» de presos penados y no penados -los nueve políticos catalanes encarcelados son preventivos-, y en el caso de los provisionales, «se notificarán a las autoridades a cuya disposición se encuentren». Interior solo está obligado a notificar al juez de instrucción. Este puede vetar movimientos si dañan a la investigación judicial o afectan a los derechos del preso.

El Reglamento Penitenciario no fija plazo de contestación de Instituciones Penitenciarias. Se aplica por defecto el plazo máximo de seis meses para las respuestas de la Administración, con lo que Interior tiene hasta el 27 de octubre para contestar a Junqueras y Romeva.

LA OPCIÓN ARAGONESA

Fuentes penitenciarias relatan que entre los funcionarios de la prisión zaragozana de Zuera ha corrido una información no confirmada de que Instituciones Penitenciarias estudia trasladar allí a los políticos catalanes presos.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar el recelo que en Instituciones Penitenciarias y en otros ámbitos de la seguridad del Estado levanta la posibilidad de trasladarlos a Cataluña. La razón: la vigilancia de esos internos dependería en última instancia de la Generalitat y su administración penitenciaria, con la que «no hay buena comunicación».

La opción de la cárcel aragonesa de Zuera, «en la frontera», como dicen en el entorno de los políticos encarcelados, no es tomada en cuenta por las defensas. Su preferencia es un módulo de preventivos de las dos grandes cárceles barcelonesas de Brians, pese a un detalle en contra: el clima de tensión entre sus funcionarios y la dirección.

Los traslados de Junqueras y de Romeva serían los primeros en ser atendidos por razón de fecha. Otros encarcelados, como Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez no tienen aún siquiera formulada petición de traslado, según confirman en el bufete Molins, encargado de su defensa.