El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en referencia a los permisos de salida a presos condenados del "procés" que "la ley penitenciaria se cumple en España", tanto por la administración central como por la catalana, con las competencias trasferidas en esta materia desde hace 30 años.

Con esta "obviedad", en palabras de Marlaska, ha respondido el ministro al diputado de Vox Javier Ortega Smith, quien ha pedido al Gobierno en una interpelación urgente en el pleno del Congreso las medidas del Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña.

El debate llega al pleno después de que las juntas de tratamiento de cárceles catalanas hayan autorizado recientemente permisos de salida en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a exconsejeros catalanes condenados como Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell o los líderes de ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

COMPETENCIA DE LA GENERALITAT

Para Ortega Smith, la aplicación del 100.2 es una "evidente burla" que, además, incurre "en un ejercicio fraudulento de las competencias trasferidas pues en la práctica supone saltar y esquivar las consecuencias reales de una sentencia". "Ya están en semilibertad, ya están los golpistas en la calle", ha denunciado el diputado de Vox que ha reprochado al ministro del Interior "la grave irresponsabilidad" de autorizar el traslado a cárceles catalanas de los procesados antes de que se dictara sentencia.

"Alentar bulos o noticias falsas es una gravísima irresponsabilidad, sus afirmaciones si no son falsas son incorrectas", ha replicado el ministro, que ha empleado buena parte de su intervención para explicar el funcionamiento del sistema penitenciarios español y sus garantías jurídicas. Marlaska ha dejado claro que tanto los funcionarios de prisiones dependientes de la administración central como también los de la Generalitat "son profesionales que se rigen por el principio de legalidad".

Ha defendido que las juntas de tratamiento son órganos colegiados que trabajan con criterios técnicos y jurídicos y que existe un control de sus decisiones por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de la Fiscalía si así lo estima. "Sus expresiones trascienden a la crítica respetable a una sentencia o al Gobierno, ofenden a los empleados de Instituciones Penitenciarias estatales y autonómicos, a los jueces, a la fiscalía y a la sala segunda del Tribunal Supremo", ha criticado el ministro antes de insistir en que fue esta sala la que autorizó el traslado a cárceles catalanes de los acusados.

No ha convencido al diputado de Vox las palabras del ministro. "Lo que ofende a los españoles es que nos tomen por estúpidos, que se rían en la cara y que se financie a partidos golpistas". "Le pido rigor político porque sabe que España es un Estado de Derecho, rigor jurídico antes de hablar alegremente de legislación penitenciaria y rigor ético porque sus acusaciones faltan al respeto de decenas de jueces de vigilancia, a las juntas de tratamiento y sobre todo a funcionarios de prisiones", ha concluido Marlaska.