Fuego legal cruzado. Cinco horas después de que el Gobierno confirmara su intención de frenar también el proceso participativo del 9-N y acusara personalmente a Artur Mas de actuar de forma irresponsable, dejando a servidores públicos a la intemperie, el propio presidente catalán compareció para mantener de momento el pulso y anunciar acciones legales contra el Ejecutivo del PP por "abuso de poder y de derecho". Mas replicó acusando al Gobierno central de practicar una democracia "de baja intensidad". E invitó a la ciudadanía catalana a "participar el día 9 dando una gran lección de democracia y civismo".

La vicepresidenta del Ejecutivo del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios y argumentó que el sucedáneo de la consulta vulnera todavía más las garantías democráticas. El dardo fue directamente contra Mas, por no asumir personalmente "con su firma" la responsabilidad respecto a los servidores públicos o los centros escolares.

El presidente catalán anunció, sin precisarlas, acciones legales contra la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de "abuso de poder y de derecho" y de "hacer el ridículo", así como de actuar de forma "hipócrita" por denunciar que la convocatoria del 9-N carece de garantías. "Es como si te rompen la pierna y después te reprochan que vas cojo", describió.

EL OPERATIVO, CASI LISTO Mas desafió al Estado al afirmar que el operativo del 9-N está prácticamente listo y será difícil que se pueda suspender la iniciativa. "La voluntad es total. ¿Qué puede pasar la semana que viene? ¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno? Lo ignoramos", afirmó. Mas trató de desmontar las bases de la impugnación: afirmó que no hay funcionarios sino voluntarios organizando el 9-N, afirmó que no existe una base legal específica sino normas genéricas de participación, e incluso dijo que la pregunta de las papeletas es la misma que en la consulta, pero que los ciudadanos podrían escribir en ella una respuesta diferente "y como opinión la tendremos que aceptar".

SIN 'PLAN C' Mas en todo momento eludió describir su posible plan c. Evitó hablar de marcha atrás o de elecciones. Y simplemente anunció que toda decisión se tomará en el seno del Pacto Nacional por el derecho a decidir, que agrupa a instituciones, partidos y representantes de entidades y organizaciones sociales. Y dejó la puerta abierta a un nuevo cambio de planes: "Cualquier alteración sobre el guión previsto o cualquier decisión la hemos de tomar en el marco de este amplio pacto nacional". Confirmó que habrá recogida de firmas en una denuncia contra el Gobierno ante instituciones internacionales, pero no quiso situar esta iniciativa como una alternativa sino como una acción "complementaria".

Y de elecciones Mas no quiso ni hablar ayer. Se trataba de fijar la batalla en el momento presente. Mas atribuyó la actuación del Gobierno popular a los casos de corrupción vinculados al PP que han aflorado en los últimos días y a una posible alta participación ciudadana el día 9, así como a que los partidos soberanistas, a su juicio, han recuperado la unidad. El Gobierno registró ayer al mediodía el recurso en el Constitucional. El documento tiene 49 páginas, a las que ha sumado numerosa documentación en papel y en soporte informático. Desde el informe del Consejo de Estado, que aconseja la impugnación, hasta los vídeos de ruedas de prensa ofrecidas por Mas y los mails enviados a ayuntamientos para que cedan el uso de sus locales.

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