El Tribunal Supremo ha desvelado uno de los misterios que producían más expectación respecto al juicio del 'procés, que comenzará el próximo día 12: ¿quién declarará como testigo en la vista oral? Entre los centenares de testigos aceptados, entre los que figuran los 256 testigos propuestos por la fiscalía, está el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas.
También lo harán el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del Parlament, Roger Torrent, numerosos diputados, entre ellos, Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el exdelegado de Gobierno en Catalunya Enric Milló. También lo harán el exdiputado Lluís Llach, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domenech, la exdiputada de la CUP Mireia Boya y los exmiembros de la Mesa que serán juzgados en el TSJ de Catalunya, salvo Ramona Barrufet.
RECHAZADOS
En cambio, la Sala rechaza que declaren como testigos el Rey o el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, por no existir el «testigo por sustitución» que pretendía la defensa que lo solicitó. Tampoco comparecerán el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, la exdiputada y tertuliana Pilar Rahola o el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por su condición de huido en esta causa, lo que hace incompatible que declare como testigo, obligado a decir verdad. Ni el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al que se pretendía citar para sembrar dudas sobre la imparcialidad del tribunal, que la Sala del 61 ya rechazó con la correspondiente recusación.
El tribunal no considera necesaria la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, para que un relator internacional y un experto independiente le explicaran «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». «La Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».
Tampoco ha aceptado relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston, porque "algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar "sobre los hechos objeto de acusación".
El auto fija en dos las plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados por «el mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan".
JUICIO EN DIRECTO
«La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo".
En cuanto a la traducción simultánea, solicitada por algunas defensas, el tribunal señala que hay dos traductores a disposición de la Sala para todo aquel acusado o testigo que desee declarar en catalán.
