La defensa del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero presentó ayer el escrito de conclusiones a la Audiencia Nacional en el que solicita la absolución. La letrada Olga Tubau remarca que Trapero, que se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel, no puso «jamás» a los Mossos al servicio de los «intereses políticos secesionistas» y que no «participó, no intervino y no compartió» el plan que ideó el Govern y el Parlamento catalán para alcanzar la independencia.
La abogada sostiene que Trapero «ha desarrollado siempre su actuación profesional» al mando de los Mossos «desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional», obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales y de la fiscalía. Y detalla que el mayor de la policía autonómica no intervino en la elaboración del Libro Blanco de la Transición Nacional, ni participó ni tuvo conocimiento de documentos que la fiscalía considera claves. Incide en que no situó tampoco a responsables del cuerpo policial en ningún comité «estratégico y ejecutivo».
EL PLAN DE DETENCIÓN
El texto recuerda que el 25 de octubre del 2017, dos días antes de la DUI, Trapero encargó a sus mandos un dispositivo con el fin de atender órdenes que pudiera recibir. Sin citarlo, se refiere a los planes que se habían diseñado para, si así se lo ordenaban, proceder a la detención del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los miembros del Govern.
El mayor, según argumenta su letrada, se puso de «forma inequívoca» a las órdenes del presidente del TSJC y de la fiscalía. «Los políticos implicados no podían contar con el cuerpo de los Mossos en sus designios secesionistas», enfatiza. Trapero niega que impidiera, «ni por acción ni por omisión», que se desarrollara en «condiciones legales» el registro de la Guardia Civil el 20-S en la Consejería de Economía, ni que propiciase que se «concentrase a lo largo del día una gran masa de personas». Destaca que del propio atestado del instituto armado se «desprende que no hubo ningún levantamiento o sublevación tumultuario de las personas congregadas».
Respecto al dispositivo del 1-O, alega que nunca pretendió «enmascarar» una «dolosa inacción policial tendente a no evitar la celebración del referéndum» y que siguió las indicaciones de la jueza de que actuaran con «pacienda, contención y garantizando» la paz. Y recuerda las dos reuniones con Puigdemont en las que le alertó de «problemas graves» de seguridad que se podían producir el 1-O, instando al Govern a que «cumpliera la legalidad».
Por su parte, el exsecretario de Interior de la Generalitat César Puig alega en su escrito que no tenía ninguna competencia sobre los Mossos y no pudo ordenarles que favoreciesen el 1-O. Y el exdirector del cuerpo Pere Soler afirma que no dio instrucciones políticas y que «abstrajo» a los agentes de los «compromisos y horizontes» del Govern. Ambos exaltos cargos se enfrentan a sendas peticiones de pena de 11 años de cárcel.
