Más de medio centenar de presos de ETA han solicitado que se descuenten años de sus condenas, de acuerdo a la normativa europea que acaba de entrar en vigor en España. Todos ellos reclaman que se resten los años cumplidos en cárceles francesas a la pena que están cumpliendo actualmente. Los presos históricos de ETA Santiago Arrospide Sarasola, alias 'Santi Potros', y Alberto Plazaola Anduaga salieron este jueves de prisión después de que la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera aplicarles el descuento de penas.
'Santi Potros', condenado por el atentado de Hipercor aunque ya desvinculado de la banda, tenía fijada la fecha de excarcelación para el 2025. También Carmen Gisasola, etarra arrepentida que se ha erigido en una de las voces más reconocidas de la 'vía Nanclares', abandonó la cárcel hace dos semanas en aplicación de la misma normativa europea. Y de igual forma, la sección primera de la Audiencia ha ordenado la revisión del tiempo de estancia en prisión de otros dos presos, Francisco Mujika Garmendia, alias 'Pakito', y Rafael Caride, alias 'Simón'.
Ante la situación creada, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión de reducir el tiempo de estancia en prisión de estos presos. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, presentó este jueves el anuncio de recurso de casación por infracción de ley, al considerar que los preceptos que regulan la acumulación de condenas impuestas en sentencias dictadas por tribunales extranjeros se han aplicado erróneamente.
INDIGNACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
Estas excarcelaciones han provocado la indignación de las asociaciones de víctimas, que ya mostraron su disconformidad hace un año por la salida de prisión de decenas de miembros de ETA como consecuencia de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la 'doctrina Parot'. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) aseguró este jueves que la decisión de la Audiencia Nacional es "inmoral" y de "dudosa legalidad".
Desde el Gobierno central, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la norma y ha aclarado que "no tiene por finalidad aligerar la salida de terroristas a la calle", sino que se tengan en cuenta los cumplimientos de condena en otro país cuando haya conexión temporal o material entre los delitos. El ministro ha recordado que, durante la incorporación de la norma comunitaria al ordenamiento jurídico español, tanto el Ejecutivo central como el Grupo Parlamentario Popular introdujeron "garantías y cautelas para que, en ningún momento, fuera posible esa interpretación".
