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La memoria histórica se encuentra de nuevo en el punto de mira

Un triunfo del tripartito de derechas inquieta a los memorialistas

 

Roger Pascual MADRID
01/04/2019

Una de las medidas estrella del mandato de Pedro Sánchez ha sido intentar sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Un gesto simbólico que contrasta con la aversión de Mariano Rajoy a todos los temas de memoria histórica. «Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos», sentenció el expresidente en una entrevista en el 2008, un año después de que que se aprobara la norma. Al llegar a la Moncloa en el 2011, el entonces líder del PP cumplió su promesa y cerró el grifo de los recursos para la ley. Algo que puede volver a ocurrir si los populares regresan al poder a lomos de Vox.

Solo Camboya tiene más fosas comunes que España. Paco Etxeberria ha estado en muchas de las casi 400 exhumaciones que se han realizado desde el año 2000. Este veterano forense preside la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuyo trabajo en los últimos 18 años ha situado al País Vasco como la comunidad que más decididamente ha apostado por la memoria histórica. Dirigió el proyecto que el Gobierno de Sánchez encargó. «En diciembre les presentamos 400 páginas para poner sobre un papel planes de intervención para saber si se trata de hacer 20 o 200 en los próximos cuatro o cinco años. Proponíamos, entre otras cosas, un solo censo de desaparecidos, un mapa de fosas y un repositorio de todos los perfiles genéticos. Me preocupa que pueda paralizar este plan si gobierna la derecha», reconoce Etxeberria.

Lo primero que reclamó Vox para dar su apoyo al gobierno andaluz fue exigir la derogación de la ley autonómica de memoria histórica. «¿Qué van a hacer con toda la información generada en Andalucía en estos años? ¿Echarla al fuego?», suelta Etxebarria. Uno de los diputados de la formación de ultraderecha, Benito Morillo Alejo, llegó a tildar de «buscadores de huesos» a los parlamentarios que piden recuperar la ley andaluza derrogada. «Estos insultos y expresiones son más dolorosas que la excusa utilizada tradicionalmente por la derecha, diciendo que dividía a los ciudadanos, algo que es falso».

El Gobierno del PP había ignorado las 42 recomendaciones que le hizo la ONU en el 2014 para dignificar a los desaparecidos y sus familiares. Entre otras puntos, denunciaba la «privatización de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones», la ley de Amnistía, la permanencia de símbolos de la dictadura y la necesidad de creación de una comisión de la verdad para tener, por ejemplo, datos públicos sobre el número de desaparecidos que siguen en las cunetas. Ahora Etxebarria expresa la «incertidumbre espantosa» de que los comicios del 28-A provoquen un nuevo parón.

«Mucho discurso, poco curso». Así resume Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, los 10 meses de Gobierno de Sánchez en esta materia. «Este gobierno ha dicho muchas cosas pero tiene pocas en su haber aparte del decreto de exhumación de Franco». En este punto le ha achado la «falta de decisión» y no entiende cómo permite que la familia del dictador le esté «echando un pulso de tú a tú al Gobierno». El anuncio de que la exhumación será el 10 de junio le parece un «señuelo» que compara con la promesa de Zapatero de cambiar el Valle de los Caídos a las puertas de los comicios del 2011.

Lamenta que la simbología franquista siga en la calle, que la Fundación Francisco siga teniendo miles de documentos que son propiedad del Estado y que Sánchez no haya revocado la comunicación de la Fiscalía Generla del Estado que pide no cooperar con la Fiscalía argentina en la causa que la jueza María Servini instruye sobre los crímenes franquistas (Baltasar Garzón cifró en 114.226 los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura).

Pese al balance crítico que hace de la gestión del Gobierno de Sánchez, a Silva le resulta más preocupante una eventual victoria del tripartido de derechas puede intentar hacer lo mismo que en Andalucía. «Más que Vox, con todo lo que pueda ofender su lenguaje, me preocupan más las mentiras de Pablo Casado sobre su ley de la concordia», sentencia.

   
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