La Mesa del Congreso de los Diputados ha vetado la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el colectivo Jusapol para lograr la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en este órgano, han votado en contra de la iniciativa por los desajustes que podría provocar en el actual presupuesto del Estado.
La decisión de socialistas y morados de frenar esta iniciativa ciudadana coincide con una gran manifestación de policías y guardias civiles en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Una movilización en la que han roto el cordón de seguridad que les mantenía alejados del edificio de la Cámara Baja y han llevado su protesta a la plaza de las Cortes, justo en frente de las escalinatas de los leones.
La portavoz del PSOE en el parlamento, Adriana Lastra, ha argumentado que el bloqueo a esta propuesta es un "derecho del Gobierno". Se ha referido así al artículo 134.6 de la Constitución Española en el que se recoge que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".
En este sentido, la dirigente socialista ha defendido que la iniciativa conllevaría 1.900 millones de euros de gasto que no están contemplados en los presupuestos actuales, que se arrastran desde 2016. Además, ha recordado que el Ejecutivo está trabajando en la equiparación salarial.
ATAQUES DE PP Y VOX
Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso del PP, ha asegurado que la decisión del Ejecutivo es un gesto más de la "deriva autoritaria" de PSOE y Unidas Podemos. Además, les ha acusado de "traicionar" a policías y guardias civiles por haber sostenido que apoyarían la iniciativa en la pasada legislatura y ahora frenarla. En este sentido, la dirigente popular ha explicado que desde su partido están trabajando en una ley de retribuciones para abordar este asunto.
De "auténtica cacicada" ha calificado la presidenta del grupo parlamentario Vox, Macarena Olona, alegando que el veto del Gobierno ha sido "fraudulento" e "inconstitucional" y que la Mesa del Congreso no ha querido levantar dicho rechazo a la iniciativa. Desde el partido ultra han defendido que la decisión del Gobierno no tiene "ninguna apoyatura legal" y que podrá tener consecuencias judiciales.
