El exdelegado del Gobierno Enric Millo presentó ayer ante el tribunal del procés un panorama muy distinto al descrito por los 12 acusados. Explicó que dedicó mucho tiempo a evitar el «planteamiento políticamente suicida», «perjudicial para el conjunto de la sociedad catalana», del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque «no había posibilidad de negociar nada» con él que no fuera el referéndum. De ahí que hiciera suyo el concepto de «silla vacía», que utilizó Oriol Junqueras para escenificar la falta de diálogo con el gobierno central.

Con un esquema mental que refrenda la acusación fiscal Millo pasó a centrarse en describir cómo una vez convocado el 1-O y anulado por el Constitucional, se rompió la convivencia y empezó el «clima de acoso, hostigamiento y violencia» para impedir cualquier actuación judicial, que se consideraba «un ataque» a las instituciones catalanes. Así hasta llegar a la declaración unilateral de independencia, de la que dijo en clara contradicción con los acusados que «nadie en Cataluña pensó que fuera simbólica».

Para recrear ese ambiente de violencia, el exdelegado del Gobierno dijo haber contabilizado «150 acciones distintas ante diferentes instalaciones, con lanzamientos de artefactos incendiarios, acoso a los agentes... Era el mundo al revés: la policía cumplía órdenes judiciales y desde el movimiento independentista se llamaba a defender las instituciones, lo que significa que se estaban atacando. Esto creó un clima de tensión e incertidumbre». Como ejemplo, citó las protestas contra los registros en la Consejería de Economía y en Unipost que negó que tuvieran el carácter «folclórico y festivo» que le atribuyen las defensas.

Señaló que «había grupos que se manifestaban pacíficamente», pero «otros actuaban de forma violenta, lanzando objetos o con pintadas de Millo, muerte». En las amenazas a la Policía y Guardia Civil situó a los Comités de Defensa de la República (CDR), de los que dijo que «tuvieron una importancia tremenda», porque su «capacidad de movilización era extraordinaria», lo que le dio pie a afirmar que cuentan con «una estructura y organización que de espontánea tiene poco». «No se puede negar que algunos son violentos. Ahora todos no lo son», precisó para señalar que en «diferentes iniciativas» se «aprecia que hay una asociación» con la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, no «de carácter jerárquico», pero «evidente por razones lógicas y naturales».

«Esperpento»

Millo calificó de «verdadero despropósito y esperpento» la reunión de la junta de seguridad del día 28, porque en ella Puigdemont dijo que el 1-O se iba a celebrar un referéndum y pidió que «todo funcionara con normalidad, cuando había un auto del TSCJ que ordenaba que se impidiera». El testigo pidió su desconvocatoria para evitar males mayores, idea refrendada por el secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver, cuando declaró. En esa cita comprobó que «había una alineación política del Gobierno de la Generalitat y los planteamientos de actuación del mayor de los Mossos» Josep Lluís Trapero, que negó que usaría la fuerza en ningún caso. Su opinión es que «se impuso la línea política por encima del criterio profesional.