El tic-tac de la cuenta atrás para el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona suena cada vez con más fuerza pero ni con ese vértigo termina de confirmarse la reunión entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat. Ayer, sin embargo, se dio un paso adelante en el desbloqueo de esa cita, reclamada desde Madrid. El Ejecutivo abre ahora la puerta a que, además del encuentro entre los líderes, haya una segunda reunión ampliada con ministros y consellers, una especie de minicumbre que los independentistas vienen reclamando desde hace días y hasta el momento la Moncloa se negaba a aceptar.
A esa segunda tanda, que se celebraría después del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, se incorporarían la vicepresidenta, Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet por parte del Gobierno. En representación del Govern se sumarían el vicepresidente, Pere Aragonès, y la portavoz, Elsa Artadi.
Aunque el Gobierno descartó de plano el jueves pasado esa opción, Calvo dio a entender ayer que no sería un escollo definitivo y que esa reunión ampliada podría allanar el entendimiento. «Se debe abrir paso a la política», dijo desde el Senado cuando le preguntaron si el Ejecutivo estaba dispuesto a asumir el formato reivindicado por los independentistas. No añadió más. Sin embargo, horas después el Govern evidenció que no se daba por satisfecho con esa respuesta y deslizó que la Moncloa debe empezar a concretar una fórmula más precisa y dejar de jugar con ambigüedades. En definitiva, más presión mientras suena con fuerza el cronómetro de la cuenta atrás y a pesar de las buenas vibraciones que emiten los negociadores desde Barcelona y desde Madrid.
Esa sensación de optimismo, aunque con cautelas, empezó a calar tras la reunión entre Calvo, Aragonès y Artadi, el lunes, de la que ambas partes salieron satisfechas.
El Govern describe su posición estratégica sobre la reunión en dos fases. Una primera, sobre el formato, en la que confían en lograr si no una cumbre entre ambos ejecutivos, como si se tratase de dos estados, sí una «minicumbre» con la que poder vender que no se trata de una reunión más, como la de Sánchez con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando el Consejo de Ministros se reunió en Sevilla en octubre pasado. Si se supera el escollo del formato, el Govern entrará en la negociación del contenido de la entrevista, en la que Torra quiere hablar «de todo», es decir, quiere abordar la cuestión del derecho de autodeterminación de Cataluña y la situación de los presos independentistas.
NEGOCIACIÓN ENTRE CORSÉS
Lo cierto es que ambas partes se mueven en un corsé ya de por sí muy estrecho. De un lado, Torra solemnizó la retirada del apoyo a Sánchez en octubre con un discurso ante la cárcel de Lledoners y está en medio de la actitud combativa del expresidente Carles Puigdemont y la de su predecesor, Artur Mas, que ayer mostró su «esperanza» de que se lleve a cabo la reunión, en una entrevista en la Cadena Ser en la que también se desmarcó claramente del dirigente que permanece en Waterloo.
Del otro lado, el Gobierno quiere mantener su política de diálogo a pesar de la presión de los barones del PSOE que empiezan a estar incómodos con ese discurso por el auge de Vox. En esa presión, el Ejecutivo intenta llegar al viernes sin pisar callos para salvar una reunión a la que concede mucho peso, no solo por lo que se aborde en ella, sino porque subraya la idea de que la política de apaciguamiento es la única eficaz en Cataluña, aunque se mueva con lentitud exasperante.
En este intento de proteger la negociación del encuentro del viernes, Sánchez respondió ayer a la cuestión catalana en el Senado sin elevar el tono y sin ceder a las presiones de las derechas, que le piden que ilegalice a los partidos catalanes y que aplique el 155. El PDECat le exigió que acuda a la reunión con propuestas concretas y ERC insistió en que el encuentro debe trascen-
