El Gobierno central aprovechó este miércoles la información sobre la negativa de Oriol Junqueras a ser el coordinador del referéndum 1-O para azuzar las divisiones dentro de la Generalitat. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se paró en los pasillos del Congreso a comentar la información del diario 'El País'. "El referéndum ilegal y divisivo con lo primero que va a acabar es con el Gobierno de la Generalitat (...) La situación actual es el síntoma de un conjunto de personas que han decidido despeñarse y que quieren arrastrar al resto de la sociedad catalana a esa situación", declaró ante los periodistas.

No es la primera vez que la encargada de la fracasada 'operación diálogo' subraya las diferencias entre el PDECat y ERC, socios en el Ejecutivo catalán. Varias semanas atrás, la vicepresidenta misma y otros miembros del Gobierno insistieron en vaticinar la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas ante las cada vez más numerosas fisuras en Junts pel Sí. De hecho, el PP catalán y Ciudadanos las volvió a reclamar este miércoles.

LA PROPUESTA DE RIVERA

La noticia del rechazo de Junqueras a ser nombrado 'comisionado' de la consulta, para evitar responsabilidades jurídicas, fue uno de los asuntos que se trataron en los salones de la Cámara baja entre periodistas y diputados. El presidente, Mariano Rajoy, también participó del debate en las alfombras "Yo le digo a todos: 'Estense tranquilos, el Gobierno sabe lo que tiene que hacer y no va a contribuir a esa subida de tono que están haciendo algunos".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó las palabras de Rajoy y Santamaría en los pasillos para intentar tomar la iniciativa y reclamar al Gobierno que promueva un debate en el pleno del Congreso para mostrar el rechazo del hemiciclo al referéndum del 1 de octubre. Otra vez, porque no hace ni tres semanas que más del 70% de los diputados votaron en contra de la consulta después de que los grupos expresaran su punto de vista a raíz de una moción que presentó el PDECat para pedir "respeto" al referéndum. Fuentes de Ciudadanos apuntaron que Rivera reclama un debate en profundidad y en el que tomen la palabra Rajoy, Pablo Iglesias y el resto de dirigentes de los partidos.

LA NEUTRALIDAD DE LOS ALCALDES

Mientras el Gobierno central espera que la Generalitat dé algún paso jurídico que pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional,fuentes de la Moncloa siguen señalando herramientas que se pueden utilizar para dificultar la organización del referéndum. En este sentido, el Ejecutivo de Rajoy ha puesto sobre la mesa la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la que se garantiza la neutralidad de los altos cargos y se considera su vulneración como "una falta disciplinaria muy grave".

Fuentes del Ejecutivo explicaron que cualquier particular puede denunciar, por ejemplo, a su alcalde si considera que está faltando a esa "neutralidad" que garantiza la norma. Debería acudir al consistorio, que en este caso es juez y parte, pero si no lo toma en consideración o no desiste el caso podría llegar a un tribunal contencioso-administrativo. "Esto no para el referéndum, pero puede ayudar a entorpecerlo", añaden esas fuentes.

LEY DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL

La presión a los alcaldes también se mantiene en otro aspecto, el del censo. En la Moncloa remarcan que facilitar los datos de los habitantes del municipio para realizar el referéndum es un delito, como señalan la ley de protección de datos y la ley de bases del régimen local (artículo 16.3). El censo electoral oficial (de más de 5,5 millones en las elecciones del 2015) lo custodia el Instituto Nacional de Estadística, enmarcado en el Ministerio de Economía. Para conseguirlo es necesario que el fin (la consulta) sea legal y esté aprobado por el Congreso y el jefe del Estado. Como no es así, si continúa adelante con el 'procés', la Generalitat se verá obligada a procurarse otro censo. En círculos independentistas se recuerda que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) tiene sus propios datos de los municipios y también se podría utilizar la información que el Ejecutivo de Carles Puigdemont custodia gracias a las tarjetas sanitarias.

Más complicado tiene el Gobierno catalán elaborar un listado de residentes en el extranjero con derecho a voto. Para conseguirlo, el 'conseller' de Exteriors, Raül Romeva, ha creado un registro de catalanes expatriados, una lista a la que anima a apuntarse con la contrapartida de conseguir la tarjeta sanitaria. En estos momentos hay más de 280.000 catalanes residentes en el exterior, un número importante cara a un posible referéndum.