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El tablero catalán // La investigación judicial

Objetivo: «conflicto máximo»

El exnúmero dos de Junqueras planteó que las urnas del 1-O las fabricasen los ciudadanos y las guardase la ANC H El Gobierno catalán barajó una «doble urna» para elecciones y referéndum

 

Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, el 20 de septiembre en la Ciutat de la Justícia tras prestar declaración. - JOAN PUIG

Carles Viver i Pi-Sunyer. - JOAN PUIG

J. G. ALBALAT
03/02/2018

Entre los 20.515 correos electrónicos analizados al exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y los 147 folios que la Guardia Civil incautó en el despacho del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, se esboza cuál era el plan de Junts per Sí para después de la declaración unilateral de independencia (DUI). Una hoja de ruta que nunca llegó a ver la luz y que ahora obra en poder del juzgado número 13 de Barcelona, que investiga la preparación del referéndum unilateral del 1-O y de las estructuras de estado. El instituto armado expone en varios informes que integran esta causa el plan para una «república» quimérica.

Las urnas, en la ANC

Jové, considerado como la mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras, propuso que las urnas fueran fabricadas por los ciudadanos en un proceso participativo y que éstas se guardaran en locales de la ANC. En las anotaciones figura una propuesta de efectuar un «proceso participativo y festivo en todo el país», en referencia a Cataluña, para «fabricar las urnas a partir de la compra de materiales en bruto» en un proceso coordinado por el Gobierno catalán. «Eso es imbatible», exclamaba en el texto. Y entonces proponía que las urnas fabricadas fueran guardadas en el local que decidieran los ciudadanos o «en locales de la ANC». «No es lo mismo comprar urnas que metracrilato», decía en referencia a la dificultad que podía entrañar la compra de las urnas.

En opinión de Jové, la clave era la movilización, algo «obvio» porque supondría «el éxito ante el Estado» y también porque «los comuns y otros actores» no se podrían descolgar. «La movilización pasa por descentralizar en la sociedad civil parte de la ejecución de los preparativos», recalcaba, al tiempo que planteaba el anuncio de la preparación del referéndum «como contrataque catalán a la presión judicial».

Doble urna

El Govern planteó la posibilidad de celebrar una «doble urna» para votar unas elecciones y un referéndum con el fin de provocar una situación de «conflicto máximo» con el Estado y poder declarar la independencia. «Se persigue forzar al Estado a la acción, sea prohibiéndolo (lo más probable), tolerándolo (difícilmente) o autorizándolo (¿imposible?)», rezan unos apuntes bajo el encabezamiento Confidencial OMIA (Oficina de Mejora de las Instituciones de Autogobierno) y que están «sin firmar», según los investigadores.

Los impulsores del proceso secesionista temían que si el Estado toleraba un referéndum unilateral podría ser “«ontraproducente», ya que los independentistas lo verían como una «farsa» y los unionistas lo boicotearían, lo que reduciría la participación y dificultaría su homologación internacional. En cambio, la fortaleza de la doble urna era que ERC y CDC se podían presentar por separado a las elecciones para «maximizar los apoyos electorales» y crear un espacio para la suma de activos (los comuns) que forzara al Estado a «actuar claramente».

Según el informe, el Estado podía optar por prohibir las dos urnas con una actuación judicial y policial que «pusiese en tensión» a los Mossos d’Esquadra, en un escenario que «legitima al Parlament y al Govern a declarar la independencia», aunque con la duda de si ambas instituciones podrían recuperar la capacidad política al quedar en funciones.

La otra opción barajada en este escenario era que el Estado asumiera que no podía evitar las elecciones, pero sí el referéndum, ante lo que creían que se crearía una protesta ciudadana a favor de las opciones independentistas, que obtendrían la mayoría absoluta en votos y en escaños, «dando legitimidad a la independencia».

En el informe se detalla cómo el expresidente del Consejo Nacional para la Transición, Carles Viver i Pi-Sunyer, uno de los sabios de cabecera del Ejecutivo catalán, advirtió a Junts pel Sí que no disponer de la mayoría absoluta de votos favorables a la independencia podía significar el final la hoja de ruta, y solo se contemplaba preparar las estructuras de Estado, pero sin desplegarlas.

Bonos canjeables

La documentación revela que la Generalitat estaba realizando toda una planificación para financiar a la futura «república». Para ello, había planeado una emisión de «bonos canjeables», engañando al Ministerio de Hacienda, con el fin de reintroducirse en los mercados financieros.

En paralelo, el Gobierno catalán estaba buscando una agencia de rating y para ello había mantenido reuniones en Londres con varias de ellas y había desplegado un abanico de encuentros en Noruega, para buscar financiación, y en Irlanda, con el objetivo de averiguar cómo funcionaba la deuda.

Jové precisaba cómo alumbrarían los «bonos canjeables»: «técnicamente» se iba a argumentar que el objetivo era reducir costes con la financiación obtenida en la emisión que destinarían a cancelar unos shuldshein, que es un tipo de deuda similar a los pagarés, sometida a la legislación alemana, y que habían utilizado algunas comunidades autónomas para financiarse, entre ellas, Cataluña.

Sin embargo, en el mismo texto, la mano derecha de Junqueras reconocía que el «principal objetivo» era «reintroducirse en los mercados», ya que con la crisis económica y la intervención de Hacienda se les cerró esa posibilidad ya que la calificación de la deuda catalana llegó a estar casi en los niveles del bono basura.

Todos los impuestos

El ex-Gobierno planeaba la recaudación directa a partir de octubre del pasado año de todos los impuestos, incluso los no cedidos por el Estado como el IRPF y el IVA, según se deduce de los correos electrónicos que se intercambiaban diferentes cargos de gestión económica de la Generalitat durante el mes de septiembre.