El PP ha intentado vengarse en el Senado, donde disfruta de mayoría absoluta, de la creación de la comisión de investigación en el Congreso, donde está en minoría. El partido de Mariano Rajoy ha impuesto a los senadores un plan de trabajo ante el que la oposición se ha rebelado. Si esta jornada estaban llamados a declarar en el Congreso los tesoreros del PP, los populares han convocado en el Senado casi a la misma hora a los responsables de ese área de los otros partidos. Los grupos del PSOE, Podemos y Ciudadanos han anunciado que no volverán a participar en la comisión de la Cámara alta si los conservadores no cambian de actitud y dejan de centrar la investigación en el resto de partidos evitando el suyo propio.

La sesión de este jueves se ha abierto con la oposición leyendo un texto de queja pactado. Los tres partidos que se han rebelado han acudido a la comisión para comunicar que renuncian a hacer preguntas a los comparecientes convocados, los tesoreros de esas tres formaciones, y también a los que puedan ir en el futuro. El encargado de hacer de portavoz ha sido un senador de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre, que ha calificado el plan de trabajo del PP de “manipulador y sectario”.

"HASTA EL CUELLO" DE CORRUPCIÓN

La representante de Podemos, Pilar Garrido, ha acusado a los populares de "parasitar" las instituciones pese a estar "hasta el cuello" de corrupción. La tensión ha ido en aumento conforme Garrido continuaba su argumentación y la presidenta de la comisión le ha pedido que se atuviera al objeto de la comisión. La presidenta, Rosa Vindel (PP), ha acabado retirándole la palabra. El turno ha pasado al PSOE cuyo portavoz también ha criticado la actuación del PP. Vindel ha vuelto a reclamar que se centrara en la cuestión de la comisión y le ha insistido en que aclarara si quería hacer preguntas al compareciente presente (el tesorero de Ciudadanos).

En ese momento se han levantado los senadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos y han abandonado la sala. Los tres grupos van a pedir un informe jurídico a los servicios de la Cámara para saber si es legal que el PP imponga el plan de la comisión.

Los conservadores han asegurado que van a continuar con la comisión “con ánimo constructivo” para mejorar el combate con la corrupción.