La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, insiste en que el Ejecutivo catalán está trabajando con "rigor" en la ley de consultas para que los ciudadanos puedan decidir el futuro de Catalunya el próximo 9-N. Pero, si el Estado acaba impugnando, como se prevé, la norma que apruebe el Parlament, avisa: "Si por alguna razón no se pudiera votar el 9 de noviembre, habrá otro 9 de noviembre". Ortega no ha querido aclarar si esa otra fecha se concretaría en unas elecciones plebiscitarias y ha apuntado que "el plan 'a'b, 'b', 'c' y 'd' es votar".

"Yo trabajo con la mentalidad de este 9 de noviembre", ha reiterado en una entrevista en 'El món a RAC-1, esperando que la ley de consultas "dé el amparo legal" necesario para sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre. La vicepresidentea ha insistido también en varias ocasiones, no obstante, en que si el Gobierno "pone todas las trabas a su alcance para que no se pueda votar" el 9-N y recurre la ley de consultas ante el Tribunal Constitucional (TC), "habrá otro 9 de noviembre". "En el hipotético caso de que hubiera un impedimento jurídico" para que los ciudadanos se expresaran en la fecha acordada, "no se mata el anhelo de votar. Se aplaza".

Ortega también se ha mostrado convencida de que, como el Govern, ninguna de las fuerzas que suscribieron la fecha y la doble pregunta de la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP) quieren empujar al Govern a convocar una consulta ilegal. "Ninguna fuerza política que tenga voluntad de gobierno, que no sea residual ni tenga voluntad de serlo, puede pedir actuar al margen de la ley", ha afirmado. La vicepresidenta discrepa así de ERC, aliado parlamentario del Govern, que, en boca de su secretaria general, Marta Rovira, ha afirmado esta semana que los catalanes tienen que ir a votar el próximo 9 de noviembre "al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional".