'Parece que el Gobierno respeta más a la Fiscalía que al Supremo'

Lo explican recordando que el Ejecutivo no puede dar órdenes a la fiscalía, pero sí "dirigir su actuación". Sin embargo, al menos públicamente, ha optado por renunciar a ello y mostrar un pleno respeto a la autonomía fiscal de cara a la elaboración del escrito de calificación que debe presentar en la causa abierta en el alto tribunal, en el que detallará la responsabilidad de cada uno de los 18 procesados a disposición de la justicia española y la pena que le corresponde por el delito que entienda más conveniente, que, según el criterio mantenido por el ministerio público a lo largo de todo el procedimiento, será el de rebelión.

De hecho, este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, llegó al extremo de decir que la Abogacía del Estado prepara su escrito con criterios "exclusivamente jurídicos", que el Gobierno es "imparcial" y, por tanto, "no da instrucciones a la Fiscalía ni tampoco a la Abogacía del Estado", pese a la dependencia orgánica de esta con el Ministerio de Justicia.

En cambio, este miércoles, el propio presidente del Gobierno puso en duda el delito de rebelión a través de una cita al exministro de Defensa Federico Trillo, que en 1994 dijo que "se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares". Ello sumado a las declaraciones de varios ministros del ejecutivo que se han pronunciado en contra de la permanencia de los nueve procesados por rebelión ha causado "perplejidad" entre los miembros de la Sala Segunda, encargada de juzgar lo sucedido en Catalunya hasta la declaración unilateral de independencia.

En el alto tribunal consideran que se trata de presiones que perjudican su imagen de profesionalidad de cara no solo de la ciudadanía española, ante el inminente juicio en el que debe determinarse si hubo o no rebelión, sino también cuando llegue el momento de solicitar la colaboración de otros países para lograr la extradición o entrega de algún reclamado.