El pleno del Parlamento catalán aprobó ayer la creación de una comisión de investigación sobre posibles «actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real». La propuesta, impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP, fue impugnada por los naranjas, los socialistas y los populares en la Mesa, pero finalmente llegó al pleno y fue avalada.
La bancada de Ciutadans exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que registre un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. De lo contrario, lo impulsarían sus diputados después del 28-A. La comisión deberá indagar en las «actuaciones destinadas a forzar el traslado de domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña» durante los días posteriores al referéndum del 1-O, en las «estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española»,
