Todos los partidos con representación parlamentaria acordaron ayer solicitar al Gobierno fondos públicos para sufragar la campaña del referendo sobre la Constitución europea, previsto para el 20 de febrero. Queda ahora en manos del Ejecutivo encontrar la fórmula legal que salve el escollo de la ley de financiación de partidos políticos, que no prevé recursos públicos para las campañas de los referendos.

El acuerdo político se produjo en la comisión mixta de Congreso y Senado para la UE, donde se aprobó instar al Gobierno a "poner a disposición de los grupos parlamentarios una asignación económica suficiente para realizar la campaña". Fuentes próximas al Ejecutivo cifraron esa cantidad en 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas), que se repartirán entre todos los grupos en función de sus escaños.

La proposición no de ley que ayer se aprobó por unanimidad en la comisión venía suscrita por todos los grupos menos el PP y el PNV. Pero a pesar de no firmarla, ambos se sumaron al consenso y votaron a favor de que el Gobierno les resuelva el agujero presupuestario que supone para los partidos políticos asumir una campaña electoral.

INFORME JURIDICO El PP abandonó sus reticencias iniciales cuando recibió el informe jurídico que había solicitado al Congreso. Los letrados de la Cámara no entran a juzgar si será legal o no sufragar las campañas de los partidos, pero dejan claro que los grupos políticos no incurren en ilegalidad por pedir esos fondos. Es decir, que no se pierde nada por pedir, porque será el Gobierno el que tendrá que ver cómo puede dar dinero a los partidos sin saltarse ni modificar la ley de financiación.

El PP se opuso el pasado verano a la pretensión del Gobierno de cambiar esa ley de financiación, planteada precisamente para poder dar fondos públicos para la campaña de la Constitución europea. Ayer, en cambio, los populares se sumaron a la petición de dinero para sufragar los gastos de campaña. Explicaron su cambio de criterio asegurando que, de no votar a favor de la petición de fondos, serían acusados de obstaculizar el referendo del 20-F.

DENTRO DE LA LEY Fuentes del Ejecutivo aseguraron contar con un dictamen jurídico que avala la financiación de la campaña "explicativa e informativa" de la Constitución europea, términos que incluye la proposición aprobada ayer. El informe sostiene que no se transgrede la ley porque los fondos se destinan sólo a "informar del contenido de la Euroconstitución".