Pedro Sánchez avisó ayer en Oviedo a sus adversarios políticos de que tienen que dejar de pensar que su llegada a la Moncloa ha sido un «accidente» y que su mandato durará poco. «No volverá la derecha (...) Esta legislatura vamos a sentar las bases de la gran transformación que exige España hasta el 2030», afirmó. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, soslayó dos problemas que son claves para avanzar en el camino que se propone: la evolución del desafío independentista y la dificultad que tiene para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

«Nuestro objetivo es la justicia social y nuestro horizonte, el 2030», exclamó en la Fiesta de la Rosa del PSOE asturiano en la que participó para celebrar sus primeros 100 días en el Gobierno. Para lograr alcanzar su reto necesita, no obstante, traducir en las urnas ese poder ejecutivo que logró con la moción de censura de junio y así lo reclamó al acabar el mitin. «Para consolidar el cambio, que primero ha sido parlamentario, necesitamos que se consolide el cambio social en nuestro país», admitió en referencia al nuevo ciclo electoral. El próximo mayo habrá comicios municipales, autonómicos y europeos, además, de que es probable que antes, este otoño, se celebren de manera adelantada las elecciones andaluzas.

El dirigente socialista asumió que con solo 84 diputados en el Congreso no puede derogar la reforma laboral del PP o diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, pero repitió que está comprometido a anular los artículos «más lesivos» del estatuto de los trabajadores y también mejorar las cuentas de las comunidades. Sánchez se comprometió a continuar su labor con «coherencia, diálogo, realismo y ambición» y recalcó que todas sus actuaciones seguirán regidas por el principio de «justicia social», dos palabras que en su opinión resumen su labor al frente de la Moncloa.

En este contexto, subrayó que está tratando de revertir la herencia de Mariano Rajoy, marcada en su opinión por los recortes de derechos, el bloqueo parlamentario, la falta de compromiso con la igualdad de las mujeres y la libertad de prensa, en referencia a los viernes negros de RTVE. También anunció «un plan de choque contra el paro juvenil», del que no concretó nada. «Se salió la resignación y volvió la esperanza (...) El cambio empieza a ser una realidad», exclamó ante el millar de simpatizantes, según la organización, que se congregaron en el Campo San Francisco de Oviedo. Como ejemplos mencionó el impulso al pacto de Estado contra la violencia de género, la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, «una política migratoria con derechos humanos» y medidas de «urgencia democrática» como la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Este último asunto volverá a ser noticia esta semana, ya que el Congreso debatirá el jueves el decreto ley que el Gobierno aprobó el 24 de agosto. Salvo cambios de posición de última hora, el Ejecutivo sacará adelante la medida al contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, ya que todos los grupos han asegurado que votarán a favor, salvo el PP y Ciudadanos, que se abstendrán. Populares y naranjas no creen oportuno ni prioritario retirar el cuerpo de Franco de ese lugar.

De acuerdo con las previsiones del Gobierno, el cuerpo podría ser retirado de la basílica antes de fin de año y ser el Ejecutivo quien decida donde reposará su cuerpo si la familia no le comunica dónde hacerlo.