El Gobierno ha logrado aprobar su anunciado plan de choque para frenar el precio de la vivienda dentro de los 100 primeros días de su gestión, aunque por el camino se haya dejado jirones de entendimiento político entre dos de los miembros del Gabinete. Las fricciones entre la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el vicepresidente económico del Ejecutivo, Pedro Solbes, aparecieron sin tapujos en cuanto se puso sobre la mesa el coste económico de las medidas.
La ministra se enredó primero con el verdadero significado de las 180.000 "actuaciones habitacionales" incluidas en su plan, ya que nadie sabía si se iban a construir 180.000 viviendas protegidas o si la controvertida expresión abarcaba todo tipo de "actuaciones". Luego tuvo que soportar que el ministerio de Solbes le corrigiera cuando anunció que el Gobierno estudiaba la aplicación del IVA superreducido del 4% a todas las viviendas protegidas. "Lo estarán estudiando en el Ministerio de Vivienda, porque lo que es aquí", dijeron.
Las reticencias de Solbes a las medidas fiscales y las ayudas directas que proponía Trujillo provocaron un sinfín de aplazamientos en la aprobación del plan, convertido en uno de los ejes centrales de la campaña electoral de Zapatero. Trujillo acusaba a Solbes de tener una escasa sensibilidad con los votantes del PSOE, mientras que éste argumentaba que los programas no tenían por qué cumplirse en los dos primeros meses de gobierno.
Finalmente, el plan vio la luz el pasado 16 de julio con un sistema de ayudas que ofrece hasta 240 euros al mes durante dos años a los jóvenes menores de 35 años que quieran alquilar un piso. Los propietarios de casas que necesiten rehabilitarlas para alquilarlas recibirán hasta 6.000 euros, mientras que el número de viviendas protegidas aumentará en 71.000.
