Diversos técnicos que asisten al Gobierno en su proyecto de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos descartan a este diario que la operación se pueda terminar en lo que queda de año. En verano, la primera previsión del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue solucionar el tema antes de este 20 de noviembre. A comienzos del mes de octubre, algunos asesores todavía apostaban por terminar entre el día de la Constitución y Navidad. Ahora la maraña legislativa y técnica que aún queda por resolver obliga al Ministerio de Justicia a no mirar el calendario. De cuatro fuentes consultadas, solo una apuesta por acabar antes de Nochevieja.
El próximo viernes, el Consejo de Ministros dará inicio a la segunda fase del proceso. El real decreto ley 10/2018, con el que el Gobierno arrancó el proyecto el pasado 24 de agosto, prevé que la instructora del procedimiento, Cristina Latorre, subsecretaria de Justicia, eleve informe al Ejecutivo una vez incoado el expediente (algo realizado el 31 de agosto), comunicado a las partes (16 de septiembre), recibidas las alegaciones (22 de octubre) y rechazados los recursos interpuestos. Este último tramo se dio por cerrado este viernes en el Consejo de Ministros.
DÓNDE ESTÁ MERRY / Un plazo de avisos de 15 días se ha alargado desde el 16 de septiembre hasta ahora porque Justicia desconocía el paradero de María del Mar Merry Martínez-Bordiú. Para no incurrir en defecto de forma, era obligado notificar el inicio del expediente a todos los nietos del general, pero no daba con la dirección de la más liberal de ellos, supuestamente en Estados Unidos. Por eso tuvo que publicar un aviso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de septiembre. Entonces comenzó el recuento de 15 días (excluyendo los fines de semana y el 12 de octubre).
La segunda fase, más que recta final en bajada, parece el ascenso del Angliru. Obligado por una disposición adicional de la ley del suelo, el Ejecutivo tiene que remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (término en el que yace Franco) un proyecto técnico de exhumación. No es probable que el consistorio ponga problemas: tras años de gobierno del PP, hoy manda allí una lista de izquierdas.
A la vez, el Ejecutivo deberá pedir un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de Sanidad Mortuoria. El gobierno madrileño de Ángel Garrido (PP) tendrá un mes para contestar. Y, concluida esta parte, aún Justicia tendrá que dar diez días más a las partes (la familia, los benedictinos del Valle de los Caídos) para nuevas alegaciones.
El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, espera a ese plazo para presentar recurso; y se abriría otro periodo de resolución. Además, estos días el prior de la comunidad benedictina que custodia los 33.833 cuerpos enterrados en el Valle, Santiago Cantera, medita llevar a los tribunales de lo Contencioso Administrativo el rechazo del Gobierno, este viernes, a su recurso. Los frailes quieren impedir que por el real decreto ley exhumen también a 19 monjes y otros 172 seglares que reposan en el recinto.
QUÉ HAY EN EL FÉRETRO / El reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid encarga al subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud la vigilancia de estos procesos. El redactor del informe autonómico establecerá primero qué es legalmente lo que queda de Franco. Está claro que no es un cadáver, pues un muerto solo lo es durante las primeras 72 horas; luego pasa a la categoría legal de «resto cadavérico». Pero quizá tampoco sea eso, exactamente, lo que alberga la fosa trasera del altar de la basílica de Cuelgamuros.
La ley madrileña de Sanidad Mortuoria exige que los traslados de según qué restos se hagan en «féretros especiales de traslado», ataúdes estancos cuyo interior, en puridad, «deberá contener una materia absorbente» y que deberán «estar provistos de un dispositivo depurador para equilibrar la presión interior y exterior». Eso obliga a usar una caja de zinc. El cuerpo de Franco ya fue metido en una en 1975, a su vez dentro de la de madera. Ahora bastaría, según los funerarios consultados, con comprobar si aguantó la soldadura y no hay agujeros. Pasados más de diez años no es obligatoria tanta estanqueidad, pues lo que se suele trasladar son solo huesos. Pero lo que queda de Franco no es propiamente un esqueleto, sino un cuerpo embalsamado, que conservará parte de sus vísceras».
El cadáver de Franco fue embalsamado para cumplir la normativa de enterramientos en criptas, y porque fue sometido a «exposición pública sin frío», según la jerga profesional. Se le inyectaron en las venas cinco litros y medio de formol diluido al 20% en agua. Las fuentes consultadas por este diario aclaran que los restos del dictador no son momia, como los de Lenin, porque para eso habría que haberle extraído los órganos. En todas estas disquisiciones técnicas se podrá entrar, en cualquier caso, si hay acuerdo con la familia y el asunto no se eterniza en los tribunales.
El real decreto ley faculta al Consejo de Ministros a decidir el lugar de reinhumación «en caso de discrepancia entre los familiares o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma». No ha sido el caso. Al Gobierno le queda una modificación de la ley de memoria histórica para evitar un posible enaltecimiento en la Almudena. A falta total de acuerdo con los herederos, el Estado podría verse en otro dilema: proceder al traslado con «condiciones adecuadas de dignidad y respeto», dice el real decreto ley, pero realizando solo un enterramiento con la caja estándar de beneficencia, que suele ser de aglomerado de madera y sin crucifijo. Así entierra la Administración a quien no tiene familia ni dónde caerse muerto. Todo lo que se añada a partir de ahí se considera pompa fúnebre, que el erario paga solo en sepelios de personalidades a las que se quiera homenajear.
