El pasado 3 de febrero la Fundación Gregorio Ordóñez (asesinado por ETA en enero de 1995) entregaba su premio anual al exprimer ministro francés de origen catalán Manuel Valls. Al acto en San Sebastián acudieron la vicepresidenta del Gobierno y los ministros del Interior y de Defensa. También José María Aznar y Ana Botella, Jaime Mayor Oreja, Fernando Savater y víctimas del terrorismo. El encuentro fue emotivo, como siempre, pero este año resultó especialmente significativo por el discurso sereno pero terminante de la viuda del edil donostiarra asesinado. Ana Iribar -recogiendo el ambiente de malestar que se comienza a manifestar en Euskadi ante la corrección de posiciones del PNV- denunció que los crímenes de ETA se produjeron bajo la «fría e impasible mirada de las instituciones vascas» gobernadas por el nacionalismo, al que tildó de «consentido y mimado» y que utiliza -todo un aviso a Mariano Rajoy- las «instituciones del Estado para reivindicar fantasías».

Todos los asistentes, empezando por los miembros del Gobierno, entendieron a qué se estaba refiriendo Iribar. Porque 48 horas después se conocía la aportación del PNV a la ponencia parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto de Gernika de 1979. Los nacionalistas vascos reclaman un «concierto político» con el Estado similar al económico, que reconozca a Euskadi como sujeto político, como una nación, y el derecho a decidir del País Vasco y una relación plenamente bilateral -de igual a igual- entre Madrid y Vitoria. Los nacionalistas vascos plantean esta reforma como tal, sin leyes de desconexión, sin referéndum independentista, sin desafíos.

Quieren que el Estatuto vasco refleje su soberanía para no ejercerla, pero con aspiración de que conste. Evitando las formas abruptas y las urgencias cortoplacistas, la reivindicación no difiere en lo sustancial de un planteamiento secesionista en ciernes, latente, en hibernación. Y el PNV lo hace sin el apoyo de EH Bildu (los herederos de HB son malos compañeros de viaje), pero con el apoyo de Elkarrekin Podemos (11 diputados autonómicos de 75) que en Euskadi son de la cuerda errejonista. El PSE-PSOE, que gobierna en coalición con el PNV, no acepta esta reforma estatutaria y menos aún el PP. La izquierda aberzale, a través de su portavoz, Maddalen Iriarte, ha dejado las cosas claras: «La reforma del Estatuto es un paso; el objetivo es la república vasca independiente».

El Gobierno de Rajoy sabe que los nacionalistas vascos han abierto un nuevo frente, aunque no quiere reconocerlo, en plena ebullición del independentismo catalán y cuando el enfrentamiento con Ciudadanos alcanza un clima de abierta hostilidad y ya parece un partido que ha entrado en un espiral electoral triunfante. Rajoy es consciente de que si pierde la complicidad del PNV -cuyo presidente, Andoni Ortuzar, ha atacado a Cs en los medios vascos de manera inclemente, denominándolos «perros de presa», aterrado ante la posibilidad de que lleguen al Gobierno-, la legislatura se va al garete. Pero sabe también que los nacionalistas no solo no van a negociar los Presupuestos bajo el 155 en Cataluña. Exigirán también receptividad a sus reclamaciones confederales y transferencias sensibles: Seguridad Social y, sobre todo, Instituciones Penitenciarias y gestos en algunas normas como la derogación parcial de la ley mordaza. Alfonso Alonso, presidente del PP vasco, ha lanzado, sin embargo, la voz de alarma: «Hay que parar al PNV».

El plan del nacionalismo vasco es integral para aprovechar la minoría de Rajoy. Ya ha sacado adelante la ley quinquenal del cupo con grandes ventajas y ahora se trataría de dar una vuelta de tuerca con el nuevo Estatuto y demostrar que su política es más funcional que la de Arnaldo Otegi consiguiendo -o tratando de hacerlo- un acercamiento de presos etarras al País Vasco -selectivamente, en modo parecido a como lo ha hecho Emmanuel Macron- y gestionando las cárceles vascas, una competencia que ya tiene Cataluña.

Blanqueo táctico

La izquierda aberzale se ha dado cuenta de la jugada del PNV y está intentado un blanqueo táctico y estratégico. Otegi fue recibido por la patronal vasca el 29 de enero, aunque fuentes de la organización empresarial reconocen que la reunión no acortó distancia alguna con EH Bildu. Un encuentro entre izquierda aberzale y empresariado vasco producido justo cuando acaba de publicarse La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, un estudio exhaustivo del chantaje etarra, que cifra en 25.000 millones de euros los estragos de la banda etarra durante sus 58 años de actividad terrorista iniciada con el asesinato de la niña Begoña Urroz.

La situación en Euskadi se está complicando y, derivadamente, en el conjunto de España. El PNV observa con alarma el ascenso de Ciudadanos, que considera un partido extremadamente hostil al autogobierno financiero vasco, por una parte, y a la prima electoral del sistema D’Hont, por otra, que los de Rivera están empeñados en cambiar. Por esa razón los nacionalistas se debaten entre ayudar a Rajoy -el mal menor- o persistir en la explotación de la minoría del PP que quizá no pueda soportar sin ruptura el calado de sus reclamaciones. En el PNV se sabe que el tiempo de Rajoy se está acabando y meditan si es mejor dejarlo caer o sostenerlo un tiempo para que el tsunami naranja de Rivera se amanse.