La comisión de investigación del 11-M encara la recta final. Los grupos deberán aportar sus conclusiones el día 28 de febrero. Antes recibirán un informe técnico de los letrados sobre las 57 comparecencias y 22 sesiones celebradas en los siete últimos meses. La autoría islamista, la imprevisión del Gobierno ante la amenaza y la descoordinación policial han quedado demostradas. Las elecciones del 14-M fueron el veredicto político.
LA AUTORíA: La pista sobre ETA se desvaneció el día 11La comisión ha podido constatar por el testimonio de los mandos policiales que la pista inicial que apuntaba a ETA como autora de los atentados en los que murieron 192 personas y otras 1.400 resultaron heridas se desvaneció la misma tarde del 11-M. "Me llamaron sobre las siete de la tarde y me pidieron que buscara testigos que hubieran visto a personas de raza árabe", confesó el comisario de Alcalá de Henares, Eduardo Blanco. Antes que él, Luis Garrudo, el portero de la finca de Alcalá de Henares que alertó a la policía sobre la existencia de una furgoneta aparcada por tres encapuchados cerca de la estación ferroviaria, describió cómo los agentes inspeccionaron la furgoneta con perros, la abrieron y "comprobaron que había una bolsa con explosivos". Este extremo no pudo ser confirmado. En todo caso, los detonadores industriales, los restos de dinamita y la cinta coránica con la sura Castigo a los infieles apareció a las tres y media, cuando la furgoneta fue inspeccionada en las dependencias policiales del barrio de Canillejas. "Llamamos a los fabricantes del explosivo, que vinieron a las cinco, y confirmaron que era goma-2 Eco de su empresa",, dijo Juan Jesús Sánchez Manzano, responsable de los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la policía.
Este responsable policial aseguró que nunca en la mañana del 11-M había dicho que el explosivo fuera el Titadyne que empleaba ETA desde el 2000, cuando lo robó en Francia. "El primer informe con datos fiables lo dimos a las 14 horas y entonces sólo sabíamos que era dinamita".
La atribución inicial de la autoría a ETA se debió a que, según el subdirector operativo de la policía, Pedro Díaz-Pintado, "me dijeron que era Titadyne " y él aportó el dato que le había facilitado el responsable de seguridad ciudadana, Santiago Cuadro, a la reunión que mantenía con el ministro y el secretario de Estado de Seguridad. El hallazgo de la furgoneta y la aparición de la mochila que no estalló confirmó la autoría islamista. Pese a ello, los días 12 y 13, el ministro del Interior, Angel Acebes, insistió en atribuir la masacre a ETA. "La tarde del 12 cobró fuerza la pista islamista", dijo el jefe antiterrorista Jesús de la Morena.
LA IMPREVISIÓN: Las alertas policiales no fueron atendidasLa comisión ha podido constatar la existencia de múltiples informes y llamadas de atención de los servicios de información de la Guardia Civil, la policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Europol sobre el riesgo de que se produjera en España un atentado del terrorismo islamista. "La posición de España en el conflicto de Irak ha elevado el riesgo de atentado. No se puede descartar la existencia de células durmientes", decía un informe del CNI de 21 de febrero del 2003. "España es una base logística, pero no puede descartarse que puedan cometer actos en España", decía el 10 de junio del 2003. El 27 de octubre, el CNI informa de que la amenaza de Bin Laden, citando a España, debía de tomarse muy en serio. Subraya "el incremento del riesgo" de atentados y pide que se adopten "medidas de protección".
Las evaluaciones de seguridad de la Guardia Civil ante acontecimientos importantes, incluídas las vacaciones de la Familia Real, las reuniones de la UE bajo presidencia española e, incluso, el descanso estival de José María Aznar en Menorca, insisten sobre el riesgo de posibles atentados de los terroristas islámicos a lo largo del 2003 y primeros meses del 2004. Sin embargo, ni las operaciones dirigidas por el juez Baltasar Garzón, que demuestran que los atentados del 11 de septiembre se prepararon en España, ni el riesgo creciente, llevó a incrementar la plantilla policial para controlar a los islamistas radicales.
"Creo que hubo un exceso de confianza", reconoció el subdirector operativo de la policía, Pedro Díaz- Pintado. "Después del llamamiento que hizo Bin Laden en noviembre del 2003 señalando a una serie de países, España tenía una amenaza directa y concreta", dijo el director en funciones de Europol, Mariano Simancas.
En la resma de documentación de más de un metro de altura que ha manejado la comisión, aparece incluso un estudio realizado por el profesor Juan Avilés para la Fundación Faes, que preside Aznar, en el que subraya: "Puede haber un atentado islamista en España" a raíz del apoyo a la invasión de Irak. Aznar rechazó el término "imprevisión", pero admitió que "quizás los propios éxitos contra ETA nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista".
DESCOORDINACIÓN POLICIAL: Muchos fallos, pocos medios y mala suerteLa comisión ha podido constatar la falta de coordinación entre los cuerpos policiales y en el seno de los mismos. Los ladrones y traficantes de dinamita de la mina Conchita, en Asturias, eran confidentes de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en el tráfico de drogas. La constatación por parte de los responsables policiales y por la propia delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández, diputada del PP y miembro de la comisión, de que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras traficaban con dinamita desde el año 2002 no les llevó a reforzar los controles en las minas. La investigación a partir de los soplos sobre el robo de dinamita no se llegó a judicializar. Entre la policía y la Guardia Civil de Asturias nunca hubo intercambio de datos ni coordinación. "Las reuniones de coordinación eran coyunturales", declaró Juan Carretero, jefe superior de policía de Asturias. "Entre el 2000 y el 2004 no hubo reuniones ni intercambio de datos", dijo el coronel Fernando Aldea, jefe de la comandancia de Asturias. Uno y otro dijeron que se enteraban por los periódicos de las respectivas operaciones.
Tampoco hubo intercambio de datos e información entre la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, que tenía controlado a Jamal Ahamidam, el Chino , que fue quien compró la dinamita a los asturianos, y la Brigada Regional de Información de Madrid, que seguía los pasos de Serhane Abdelmajid, el Tunecino , uno de los cabecillas del Grupo Integrista Combatiente Marroquí (GICM), que se suicidó en Leganés (Madrid) junto con otros seis terroristas.
Los testimonios de los responsables policiales han permitido a los comisionados contrastar otros fallos como el escaso seguimiento de Allekema Lamari, antiguo activista del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, tras su irregular puesta en libertad en junio del 2002. Lamari formó parte de la célula y sus restos aparecieron entre los suicidados de Leganés, pudiendo ser identificados en septiembre pasado.
La descoordinación y la cadena de fallos llevó al exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, a confesar en respuesta al peneuvista Emilio Olabarría: "Esto no es eficacia policial, es un disparate, es un desastre", y que no tenía información de todas las investigaciones.
