La oposición y el principal socio del Gobierno de Pedro Sánchez elevó ayer un poco más la presión sobre el Ejecutivo intentando cobrarse la cabeza de otro ministro. Se trata de Josep Borrell, a quien la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una multa de 30.000 euros por infracción muy grave al vender 9.030 euros en acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía, haciendo uso por tanto de información privilegiada. Fue el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el primero en reclamar la dimisión del titular de Asuntos Exteriores, a lo que se sumó más tarde el PP, el Gobierno catalán y los partidos independentistas. Ciudadanos, más comedido, se limitó a pedir a Borrell que dé la cara en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la Moncloa argumentaron que Borrell dio en su momento las explicaciones oportunas y que cuenta con el apoyo de Sánchez y de todo el Ejecutivo. En esta línea, fuentes cercanas al ministro aseguraron que la multa que le ha impuesto la CNMV es «la consecuencia lógica» de no haber recurrido la sanción. Según alegó el propio Borrell el pasado 17 de octubre, si no presentó dicho recurso no fue porque asumiese su culpabilidad, sino porque para hacerlo tenía que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, lo que podría generar un «conflicto de intereses».

El propio ministro reconoció que la venta «no fue adecuada» ni por el momento en que se hizo ni por «la apariencia de irregularidad» que pudo generar, pero lo calificó de «un problema de menor cuantía» que no afectaba a su «idoneidad» para el cargo actual. Una tesis secundada ayer por el otro miembro catalán del Ejecutivo central, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y por la mayoría de los dirigentes socialistas.

No fue el caso, sin embargo, de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien en el contexto de la campaña electoral autonómica defendió que la ley tiene que ser «igual para todo el mundo» y que si la CNMV ha multado a Borrell, «habrá hecho lo correcto».

También de campaña por Andalucía, el líder del PP, Pablo Casado, sostuvo que el ministro de Exteriores está «deslegitimado» para seguir en el Gobierno y, aunque primero reclamó que acuda inmediatamente al Congreso para dar explicaciones, a renglón seguido exigió su dimisión sin esperar a dichas explicaciones. Los populares han pedido dos veces sin éxito que Borrell acuda a la Cámara baja a dar explicaciones por el caso Abengoa.

En cambio, Ciudadanos se quedó un paso por detrás del PP. Según la portavoz del partido naranja, Inés Arrimadas, sería «muy grave» que Borrell «hubiera mentido a los españoles» al asegurar que no había cometido «ninguna infracción» en la venta de esas acciones, por lo que su formación solicitará que el ministro comparezca en el Congreso.

La multa a Borrell puede suponer una nueva brecha entre Sánchez y su socio preferente, Iglesias, que aprovechó el asunto para acentuar su táctica de máxima exigencia al Gobierno. El líder de Podemos elogió la «inteligencia y altura política» del titular de Exteriores, pero arguyó que este Ejecutivo «no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada». Y lanzó un pronóstico que la Moncloa no tardó en desmentir: «Creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo».

Al soberanismo catalán tampoco le costó demasiado lanzar dardos contra uno de sus políticos más denostados por sus afiladas opiniones sobre el procés. «Es inaudito que este señor siga siendo ministro», afirmó la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi. ERC y los comuns se sumaron a las peticiones de dimisión o cese.