El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por 10 votos a 8 y tres abstenciones el informe de la ponente conservadora Carmen Llopart que contiene varias críticas a la contrarreforma del aborto promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pero no pide su retirada como hacía la ponencia progresista. Entre las críticas destaca la petición de permitir la interrupción del embarazo cuando las malformaciones del feto sean incompatibles con la vida, sin necesidad de acreditar un daño psicológico a la madre como prevé el antreproyecto de ley.
El texto también considera excesivas las trabas en forma de informes médicos que debe superar la madre que decida abortar y aconseja que los facultivos puedan ser del mismo centro donde se va a practicar la operación..
Abstenciones clave
El debate partía de dos informes contrapuestos. El presenatdo por la vocal progresista Pilar Sepúlveda pedía directamente la retirada de la reforma, mientras que el de Llompart solo instaba a efectuar cambios puntuales. Diez de los doce integrantes del sector conservador han votado a favor del informe de Llompart. Si el resto hubiera apoyado la propuesta progresista podia haberse, alzado con la victoria (el pleno del CGPJ tiene 20 vocales y un presidente), pero los tres que habían presentado alegaciones al informe de Sepúlveda se han abstenido. Estos Mercè Pigem (CiU) y Enrique Lucas (PNV), del sector progresista, por un lado, y Fernando Grande-Marlaska, del PP por el otro.
El texto reprocha a Gallardón que no haya incluido "una política de protección y cobertura social" para proteger la maternidad, "potenciar la natalidad" y "reducir los potenciales abortos". Además, avala como "opción del legislador". También concluye que es "desproporcionado" que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos de los que practiquen el aborto y que, además, no desempeñen su actividad profesional en el centro en el que se lleve a cabo.
Una vez emitido este informe, el camino de la reforma legal queda despejado para que, tras introducir los cambios que considere convenientes, el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes antes del verano.
