El propio Mariano Rajoy, siendo ministro de Administraciones Públicas, reconoció en 1999 que el Gobierno del Partido Popular aplicaba con manga ancha la ley de incompatibilidades de los altos cargos. Rajoy reconoció esta laxitud cuando tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para justificar una aparente violación de esta norma: el fichaje de Miguel Angel Rodríguez por la empresa publicitaria Carat sólo dos meses después de dejar los cargos de portavoz y secretario de Estado de Comunicación.

En el 2003, Gloria Hernández dejó la dirección general del Tesoro para fichar por el Banco Popular. Administraciones Públicas sentenció que la excolaboradora de Rodrigo Rato en Economía no incurría en incompatibilidad alguna.