Aspavientos y reproches en el tablero político por la decisión del Gobierno de sufragar la defensa del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ante la justicia belga, después de que Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers' lograran sacar adelante una demanda civil contra él. El Ejecutivo de Pedro Sánchez niega un cambio de criterio, busca un bufete que le atienda e insiste en que no se trata de personalismos sino de blindar la integridad jurisdiccional de España.
Pero las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, saben a poco a los populares. El presidente de los azules, Pablo Casado, ha instado a la fiscalía a que estudie si puede querellarse contra el juzgado afincado en Bélgica que lleva la demanda por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española". Para Casado de trata de una "afrenta" al organigrama del poder judicial en España y asegura que es "falso" que el quipo de Sánchez lleve días en busca que un gabinete que acoja la defensa.
Por su parte, los naranjas ya han puesto en marcha maniobras por la vía institucional para defenderle "sin fisuras". Albert Rivera ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a proteger a Llarena "ante la indefensión y el acoso independentista a la jurisdicción española en el extranjero". Asimismo, ha reclamado reconocer la labor de jueces y fiscales y exige una "condena expresa" al "señalamiento y la persecución" a la que han sido sometidos Llarena y su familia en Catalunya.
Los 'morados' también han criticado la decisión de los socialistas y les han emplazado a retroceder hasta el primer renglón. "La actitud inicial del Gobierno era la más adecuada porque intentar o pretender defender con el dinero de todos los españoles por una cuestión privada a un juez no nos parece lo más adecuado", ha señalado la portavoz Ione Belarra.
Incomprensión en el independentismo
En la misma dirección han apuntado los posconvergentes. El portavoz de PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha lamentado su "amedrentamiento ante la derecha judicial y política" para "proteger y amparar" a Llarena. "No tiene sentido que se ampare las declaraciones de Llanera en un medio de comunicación formulando una acusación falsa [sobre Carles Puigdemont]", ha espetado, y ha mostrado su incomprensión por el "cambio de criterio". "Se ha equivocado", ha indicado a Sánchez.
El presidente de la formación, David Bonvehí, ha "lamentado" que "el PSOE haya cedido a las presiones del PP y Ciutadans" y ha asegurado que eso "no deja en buen lugar al Gobierno". "Esperábamos que no fuera lo mismo que el Gobierno de Rajoy con Ciudadanos", ha apostillado.
Mucho más tajante ha sido el republicano Gabriel Rufián, quien ha acusado a Sánchez de tener "poca valentía". "Que defiendan a un juez que se ha mostrado lacayo de según qué despachos de Génova 13, lo que hace es constatar que el PSOE lo único que quiere es no molestar mucho", ha remachado.
Preguntado si esto podría entorpecer las negociaciones con el Gobierno en otros asuntos, ha señalado que pueden contar con ERC para "cualquier iniciativa social que dignifique la vida de la gente", pero no para "atentar contra los derechos civiles".
