Cinco días después de que José María Aznar asegurara tener "todos" los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el 11-M, ni el expresidente ni su partido han desmentido tal afirmación. Ayer el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, sólo exculpó a Aznar de haber "utilizado" los papeles secretos filtrándolos a la prensa, no de habérselos llevado de la Moncloa. Por tanto, no pudo aclarar si el expresidente los devolverá, como le ha exigido por escrito el director del CNI, Alberto Saiz.

LA REVELACION "Tengo todos los informes del CNI, y usted comprenderá que los tenga, porque yo era el presidente del Gobierno". Con esta revelación, formulada el pasado viernes en la emisora W Radio de Colombia, Aznar desencadenó una polémica que aún dista de remitir. Porque, de tratarse de una mera confusión, el expresidente podría haber precisado, por ejemplo, que pretendía decir que tuvo conocimiento de los informes, no que se los quedara. Aclaración que aún no ha hecho, y no por falta de oportunidades.

MUTISMO El lunes, al presentar en Buenos Aires su libro Ocho años de Gobierno , Aznar declinó hasta 11 veces responder las preguntas de la prensa sobre los papeles del CNI. Entrevistado ayer por tres diarios argentinos, el expresidente tampoco salió al paso de esta controversia, que no quiere abordar hasta el próximo fin de semana, cuando regrese a España.

Tan ingrata tarea quedó ayer en manos de Zaplana, quien opinó que "no es trascendente" aclarar si Aznar se llevó o no soportes documentales del CNI sobre la matanza. El portavoz parlamentario del PP aseguró desconocer este extremo, e incluso trató de reinterpretar las palabras del expresidente: "Aznar lo que dijo es que tenía conocimiento de los documentos". Zaplana recordó que todos los presidentes reciben información del CNI y, "salvo que quieran borrar su memoria, no se les reclama nunca" cuando dejan el poder.

José Blanco (PSOE) acusó ayer a Aznar de "alardear" de haberse llevado los papeles del CNI porque "cree que el Estado es suyo", y no excluyó que se le cite a declarar ante la comisión que investiga el 11-M.

El socialista Diego López Garrido apuntó que el expresidente pudo incurrir en un delito de "apropiación indebida", y confió en que la fiscalía lo investigue.