Las sospechas de la financiación ilegal en el PP de Madrid bajo la batuta de Esperanza Aguirre salpican ya a una campaña electoral de Mariano Rajoy. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional sostiene que los populares madrileños pudieron camuflar también gastos electorales de la campaña de los comicios generales del 2011, que Rajoy ganó con mayoría absoluta. La dirección actual del PP, con Pablo Casado a la cabeza y enarbolando la bandera de la tolerancia cero respecto a la corrupción, evitó pronunciarse sobre los últimos datos que han trascendido y dejó claro que el partido «solo opinará sobre los hechos» cuando la justicia dictamine.

Un documento fechado el pasado 11 de enero y que ha sido incorporado al sumario del caso Púnica, que instruye el juez Manuel García Castellón, revela que el PP de Madrid se sirvió de facturas falsas o manipuladas y empresas instrumentales para inflar su propio presupuesto electoral en la campaña de las autonómicas de 2011 por encima del límite que marca la ley.

Pero, según avanzó ayer El Confidencial, del análisis de la documentación intervenida tanto al que fuera gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, como al empresario Ricardo Vázquez, ya imputado en la causa, la Guardia Civil concluye que el complicado entramado utilizado podría haberse aplicado también en los actos que la formación organizó para prestar «servicios técnicos» en la campaña electoral del PP nacional en el 2011.

DOS FACTURAS

Los investigadores se fijan en dos facturas del PP madrileño anotadas por Vázquez con el concepto EG 2011, que la UCO identifica con las elecciones generales, por importes de 84.897,68 y 71.390 euros, destinados a Krea Producciones por la prestación de servicios para el PP nacional en la mencionada campaña de las generales.

Sin embargo, la Guardia Civil concluye que «el abono efectuado por estas dos facturas relativas a las elecciones generales del año 2011 sirvieron para generar un saldo a favor del PP del que a posteriori se detraerían gastos varios a realizar». «Esto demostraría cómo la elaboración de las facturas correspondientes a los distintos comicios electorales no habría sido elaborada de manera independiente por Ricardo Vázquez para cada evento electoral, sino que entremezclaría conceptos facturados que se corresponden con distintos comicios electorales, los cuales eran aglutinados en distintos pagos a través de facturas emitidas por terceras empresas que el referido empresario utilizaba de manera instrumental», detalla la UCO.

MILES DE TARJETONES

En esta línea, el informe expone el caso de otra empresa prestataria de servicios, Troyano Marketing y Diseño, que facturó al PP de Madrid 200.069,89 euros declarados como gastos electorales por ambas partes. Sin embargo, en la documentación intervenida constan dos facturas más consignadas como TM1 y TM2 -la Guardia Civil lo identifica con esta mercantil- por importe de 46.669 y 35.400 euros.

Troyano Márketing declaró estas facturas como operaciones de compra a dos empresas más, Friends Group y Área de Recursos, que fue la que recibió los 35.400 euros por «impresión de varios miles de tarjetones, no detallándose nada relacionado con la temática o contenido de los mismos».

La cascada de relevaciones acerca de la presunta financiación irregular del PP de Madrid no inmutaron demasiado a la actual dirección del partido. El secretario general de los populares, Teodoro García-Egea, aseguró que «solo opinará sobre los hechos» porque «ahora solo hay sospechas». «Deberíamos ocuparnos más de los problemas reales que de acusar o crear sospechas cuando luego se archivan y demuestran que son falsas. A mí me ocupan las sentencias y la verdad judicial», agregó.

En líneas similares, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre quien también se ciernen las sospechas acerca de su actuación en la operación Kitchen, reclamó que no se hagan juicios paralelos sobre los posibles casos de corrupción que investigan los tribunales, a los que solicitó que se deje trabajar, y apostó por aplicar la «máxima contundencia» cuando se demuestre algún hecho irregular.