El PP ha encontrado en la reciente investigación a Podemos la vía para desgastar al Gobierno. Desde que se conoció que tres dirigentes morados y el propio partido como persona jurídica habían sido imputados por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el pasado martes, los conservadores han dejado en un segundo plano las críticas a la Casa del Rey por parte de Pablo Iglesias, el choque por el superávit municipal y los rebrotes de la pandemia para centrar sus mensajes en este caso. Exigen el cese del vicepresidente segundo, echando mano de la moción de censura a Mariano Rajoy, que permitió la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Si el presidente no releva a Iglesias, señalan en el PP, habrá "ligado su futuro" al del líder de Podemos. Es decir, si la organización morada acaba siendo condenada, será Sánchez quien deba dejar el poder.

"Máximo respeto a la independencia judicial", dijo el presidente el miércoles, tras despachar con Felipe VI en Palma de Mallorca. Fueron unas palabras muy escuetas, preparadas al milímetro, pero fueron más de lo que ha dicho Iglesias, que desde que se conoció la imputación se ha instalado en el más absoluto silencio, junto al resto de miembros morados del Gobierno.

La parte socialista del Ejecutivo asiste a este proceso con incomodidad, pero insiste en que la coalición no se va a resquebrajar. El Gobierno está "fuerte", aseguran los ministros en público y privado. Pero la imputación, provocada por las acusaciones de gastos sin justificar y pagos de sobresueldos por parte del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, llegan en un momento muy complicado. Con España volviendo a las portadas de todo el mundo por el nuevo envite del coronavirus, socialistas y morados han aireado sus profundas diferencias en los últimos tiempos, a cuenta de la salida de Juan Carlos I de España (para los primeros un gesto "adecuado"; para los segundos, una "huída indigna") y la posibilidad de negociar con Cs los Presupuestos del año que viene, que para Podemos supone incluso traicionar el pacto de la coalición. Aun así, el Gobierno, subrayan unos y otros, "resiste".

EL PRECEDENTE

El pasado miércoles, Pablo Casado, líder del PP, compartió un vídeo en su cuenta de Twitter. Se veía a Sánchez y a Iglesias justificando la moción de censura a Rajoy. "No es regeneración democrática liderar partidos financiados irregularmente y apoyar su Gobierno", decía el líder socialista. "Solo un incompetente no sabe qué ocurre en su partido", señalaba el secretario general de Podemos. Y Casado concluía: "La caja B exige el cese del vicepresidente de Sánchez con la misma vara de medir de su moción de censura".

Pero los socialistas señalan que no tiene nada que ver el 'caso Gürtel' con el de Podemos. El primero desembocó en una condena por parte de la Audiencia Nacional, que concluyó que el PP tejió "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". El segundo, de momento, es solo una investigación. El PSOE también ve en la estrategia del PP un intento de "tapar" las continuas divergencias con su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, y los rumores sobre su posible destitución. El último choque se plasmó a comienzos de la semana pasada, cuando Álvarez de Toledo, tras las divergencias en el seno de la coalición sobre la Casa del Rey, pidió a los socialistas una gran coalición con los populares, algo que Casado siempre ha rechazado.

El PP, en cualquier caso, no piensa aflojar. "Iglesias está inhabilitado para seguir siendo vicepresidente. Y Sánchez no puede diluir sus responsabilidades. Liga su futuro a las que se diriman en el juzgado por la comisión presunta de delitos vinculados a la corrupción de Podemos", dijo este jueves su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, que reclamó al vicepresidente que comparezca en el Congreso para explicar lo que su partido llama "caja B" de los morados.

NADA QUE VER

Los morados niegan cualquier comparación entre la investigación que se les ha abierto y la corrupción que, dicen, se daba en el partido conservador. "¿Sabes lo que es una caja B? Una caja B es lo que tenía el PP", sentencia el secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en un vídeo publicado en Twitter. El dirigente explica cómo los populares concedían "obras públicas a empresarios amigos" a cambio de "dinero en B" con el que "pagar campañas electorales y ganar al resto de partidos de manera fraudulenta".

Rodriguez apunta que en Podemos lo que existe es la "caja S de solidaridad", una cuenta a la que, dice, va el dinero que donan todos los diputados de su sueldo. El dirigente 'podemista' asegura que esos ingresos los donan a "proyectos de comunicación, conflictos sociales y a trabajadores que están en huelga".

"Ya cuando hablan de los sobresueldos me tengo que reir por no llorar", afirma Rodríguez en el vídeo antes de subrayar que "los sobresueldos era lo que cobraban en el PP" por "haber participado en sus negocietes turbios". "¿Qué sobresueldo vamos a tener nosotros si donamos parte del salario?", se pregunta el secretario de Organización morado en el vídeo antes de argumentar que cualquier dinero que reciban por debajo de la asignación como diputados "sería legítimo" que lo cobraran, pero que "la realidad" es que eso no ocurre.

Continuando con la retórica esgrimida por el partido de Iglesias, Rodríguez ha defendido que el objetivo de esta investigación es sacarles del Gobierno: "Intentan cansarte, hundirte y que te retires para que sigan ellos gobernando como han hecho toda la vida, porque les molesta que gente normal y corriente, gente que no obedece a los dictados de los poderes económicos estén en el Gobierno", ha sentenciado.

EL ESTADO DE LA CAUSA

"Todo esto quedará archivado porque judicialmente no hay por donde cogerlo", deja claro Rodríguez en el vídeo publicado en redes sociales. Los morados pidieron la nulidad de la causa debido a ciertas irregularidades con la declaración de Calvente, única prueba, dicen, sobre la que se sustenta el caso. Los 'podemistas' denunciaron que el juzgado solo les había enviado 41 minutos del testimonio del exabogado cuando este había comparecido ante el juez durante casi tres horas y media. Tras el recurso de los morados y la petición de Vox, personado como acusación popular, el juez ha ordenado que se entregue la declaración completa de Calvente a ambas partes.