El exsecretario de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el asesor fiscal de la familia Pujol Joan Anton Sànchez Carreté han dicho este lunes ante el juez desconocer una supuesta mordida de 8,5 millones de pesetas cobrada en el 1991 por Jordi Pujol Ferrusola proveniente del Grand Tibidabo.
Ambos han declarado como testigos en la Audiencia Nacional dentro del caso Pujol, concretamente sobre un cheque que Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán, cobró tan solo cinco días después de que se hiciera la operación del Grand Tibidabo que fue investigada por malversación.
Según fuentes presentes en su declaración (la de Prenafeta, que fue condenado por el 'caso Pretoria' de corrupción urbanística, ha sido por videoconferencia desde Barcelona), ambos han dicho no saber nada de ese movimiento de dinero.
INVESTIGACIÓN CONTRA LOS PUJOL
El juez José de la Mata les ha citado dentro de la investigación que instruye contra la familia Pujol por delito fiscal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, y después de detectar indicios de delito en el análisis de algunos movimientos en una cuenta bancaria de Andorra vinculada a Jordi Pujol Ferrulosa, cuyo origen no ha podido situar la entidad financiera correspondiente.
Concretamente se fija en un ingreso de 8.532.409 pesetas registrado el 1 de agosto del 1991, que el juez vincula con la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), origen de la sociedad Grand Tibidabo, a la Generalitat de Cataluña unos días antes, el 25 de julio.
Añade el auto que se detectó un cheque vinculado con esa venta y emitido el 29 de julio por valor de 9.365.000 pesetas, que fue cobrado por Catalana de Mitjans i Edicio SA, vinculada a Sànchez Carreté.
Y señala que la diferencia entre la cantidad que figuraba en el cheque (9.365.000 pesetas) y la que finalmente llegó a la cuenta de Pujol Ferrusola (8.532.409) "podría haberse correspondido con pago de comisiones de intermediación a Catalana de Mitjans i Edicio".
VENTA DEL GRAND TIBIDABO
De esta manera, el juez conecta esta supuesta comisión con la venta a la Generalitat de la empresa origen del Grand Tibidabo por 252 millones de pesetas.
Precisamente este asunto fue investigado por un juzgado de Barcelona y resultó en una condena en el 2008 al financiero Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo y un desfalco de 70 millones de euros.
En esta venta, indica el juez, se pagó una comisión de 252 millones de pesetas a una sociedad instrumental vinculada a De la Roca, de los cuales 210 millones pasaron a una sociedad vinculada a Prenafeta, quien, dice el juez, "ya ha reconocido gastos asociados a corrupción política".
Este lunes había sido citado también como testigo Albert Freixa, pero falleció. Freixa fue administrador de Acie y manifestó en su día al juez de Barcelona que supo que había una comisión del Grand Tibidabo que había ido a parar a un hijo de los Pujol, afirmación en la que se basa el juez para conectar el dinero del cheque con esa trama.
