El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, hizo ayer un llamamiento a «armonizar el desarrollo económico y social con un respeto al medio ambiente» pues «las políticas medioambientales se erigen en piezas fundamentales de nuestra convivencia».
Juan José González Rivas pronunció estas palabras durante su conferencia de inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense sobre Justicia y desarrollo económico, organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
«Nos encontramos ante el gran reto de la innovación y de las transformaciones de la sociedad digital, del cambio climático y de nuestras fuentes de energía», destacó el presidente del TC.
Recordó que «desde el protocolo de Kioto hemos propiciado mecanismos que hoy tienen máxima actualidad como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y el mejoramiento de la vida en las ciudades, de tal forma que el desarrollo de las políticas medioambientales se erigen en piezas fundamentales de nuestra convivencia», afirmó González Rivas. El presidente del TC apeló también «al sentido responsable de toda la sociedad en general para propiciar que desarrollemos un mundo económico y social cada vez más justo y que potenciemos valores esenciales de nuestro Estado democrático basado en la defensa de los derechos y las libertades y los principios del Estado social como Estado prestacional».
A su juicio «es pivote básico de la ordenación económica la fijación de los criterios de libre mercado, de planificación orientativa, de flexibilidad en el texto constitucional y sobre todo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera» (...) «porque son principios rectores que posibilitan ese equilibrio entre el ingreso y el gasto y el mejoramiento de los principios esenciales de nuestro Estado», apostilló.
También intervino en el curso el presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, que señaló que el alto tribunal «ha actuado protegiendo a los consumidores frente a los bancos e incluso a los particulares frente a la Administración» como a su juicio se demuestra con sentencias que ha dictado por prácticas abusivas de entidades financieras.
No obstante, Marín Castán advirtió de que esta «seguridad jurídica» ha sido «a cambio de demandas masivas y una saturación de la justicia civil».
Por ello Marín Castán considera que «el legislador y el Gobierno tendrán que prestar atención a esta grave situación de la justicia civil en cuanto a la acumulación de asuntos».
En cuanto a la actuación del Supremo frente a productos financieros con cláusulas abusivas insistió en que «la jurisprudencia ha consistido fundamentalmente en proteger a los clientes de los bancos de lo que fue una especie de locura colectiva que se apoderó del mundo financiero e inundó el mercado de productos tóxicos».
«Pensaban que la economía siempre iba a ir bien, iba a crecer sin parar, que todo iba a tener unos rendimientos inagotables pero cuando las cosas fallaron eran miles o millones las personas afectadas», comentó el magistrado.
