Dimas Martín, presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, diputado canario y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ingresó ayer en la prisión de Tahíche para cumplir la condena de tres años que se le impuso por un delito de cohecho cometido en 1995. Martín, que fue despedido en las puertas de la cárcel por unos 600 partidarios, muchos con lágrimas en los ojos, ha sido condenado por la compra del voto de Juan Carlos Hernández Cabrera, concejal del PP, para asegurar la gobernabilidad del PIL en Arrecife, capital de Lanzarote.
El líder del PIL ingresó en prisión tras recibir hace cinco días el auto de ingreso por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que el jueves rechazó el recurso de súplica presentado por él. La sala mantuvo en suspenso la ejecución de la sentencia ante la solicitud de indulto que el político había presentado, hasta que el Consejo de Ministros lo denegó el pasado 14 de octubre.
"VERDADEROS" CULPABLES El presidente lanzaroteño volvió a apelar a su inocencia en las puertas de la prisión y aseguró que los verdaderos culpables del soborno son Juan Carlos Becerra, Cándido de Armas y Pedro de Armas, que cuando se compró el voto de Hernández Cabrera tenían responsabilidades en el PIL.
Curiosamente, el propio Hernández Cabrera, que ya cumplió íntegramente la misma pena que Martín, ha variado en las últimas semanas su declaración judicial, y señala ahora a De Armas como propietario de los pagarés con los que cobró una parte de los 72.000 euros (12 millones de pesetas) en los que tasó su voto para asegurar al PIL la alcaldía de Arrecife. Martín dijo esta semana que su único delito ha sido "ganar cuatro veces las elecciones", y denunció "un complot político para acabar con el fenómeno Dimas ".
En las puertas de la prisión Martín reiteró que no dimitirá y que retomará la presidencia del Cabildo una vez cumpla los tres años de prisión. En este tiempo, Mario Pérez, vicepresidente de la corporación, será su sustituto.
Martín prestará declaración el día 26 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como implicado en la causa que se sigue por las irregularidades en las cuentas del Complejo Agroindustrial de Teguise.
