El Gobierno y el Parlamento mantienen un pulso desde el inicio de la legislatura a propósito de una facultad que la Constitución otorga al primero: la capacidad de tumbar iniciativas legislativas de la oposición antes de que lleguen a debatirse si considera que alteran los Presupuestos Generales del Estado. A mediados de abril llegaba una sentencia del Tribunal Constitucional que torcía el brazo del Ejecutivo y decantaba la balanza del lado del poder legislativo: el Congreso puede hacer caso omiso a los vetos del Gobierno cuando crea que no ha justificado bien que las proposiciones de ley afectan a las cuentas públicas. La decisión del tribunal se refería al veto a una iniciativa socialista para paralizar la LOMCE, pero sienta un precedente. Así lo creen al menos PSOE y Podemos, que han pedido a la Cámara que se tramiten de nuevo 58 leyes que fueron tumbadas, trasladando así la presión a Ciudadanos, que hasta ahora, salvo en un par de ocasiones, ha apoyado al Gobierno.
La formación morada ha vuelto a registrar 16 de las suyas y los socialistas no descartan hacer lo mismo. Pero la respuesta que han encontrado en Ciudadanos no ha sido la que esperaban: los naranjas han pedido un informe a los servicios jurídicos del Congreso para saber si es posible levantar el veto en bloque y de forma retroactiva a las casi seis decenas de leyes.
Hasta ahora, la Mesa del Congreso, donde el PP y Ciudadanos tienen mayoría, aceptaba los vetos del Gobierno. Incluso PSOE y Podemos asumieron sin rechistar más de una treintena de vetos, resignados al uso que el Ejecutivo estaba haciendo de ellos. Solo en dos de esos vetos contaron con el beneplácito del partido de Albert Rivera y la Mesa decidió desoír al Gobierno, que llevó el conflicto de atribuciones al TC. Ahora la sentencia del tribunal pone límites a los vetos: la Mesa será quien decida si los acepta.
La interpretación que los populares hacen de la sentencia del TC es diferente de la del resto de partidos. El PP cree que el Gobierno no justificó suficientemente el veto sobre el que versa la resolución del tribunal, pero nada más. Es una situación concreta y excepcional. Una defensa férrea de esta facultad constitucional que choca con lo que el partido argumentaba en el pasado. Durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP hizo bandera contra los vetos del Ejecutivo. «Es la antítesis de la democracia», se quejaba el hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
LAS ANTIGUAS QUEJAS DEL PP
Soraya Sáenz de Santamaría reprochaba al Gobierno socialista que vetaran «las iniciativas de la oposición que le molestan». Mariano Rajoy criticaba que el veto suponía que «ni siquiera dejaban debatirlas» e insistía en que José María Aznar no había vetado en sus dos legislaturas. «Si nos acostumbramos a que el Gobierno vete, yo no sé qué hacemos aquí», se quejaba Montoro.
En el programa para los comicios del 2011, el PP hizo una promesa en este sentido. «Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años», recogía en el capítulo dedicado a la regeneración política.
El Ejecutivo de Zapatero vetó 26 proposiciones de ley, menos de la mitad de las que ya ha frenado el PP esta legislatura. Felipe González solo usó esta fórmula en su primer mandato (1982-1986) y lo hizo 18 veces, según datos de Moncloa. Rajoy dejó su contador a cero en su primera legislatura: su mayoría absoluta le bastaba para asegurarse de que la oposición no sacaba adelante sus iniciativas.
