Si hubiera que aplicar la teoría del independentismo catalán de que a todo episodio de fulgor secesionista le antecede un golpe policial o judicial orquestado por el Estado para neutralizarlo, el PP tendría que haber puesto ayer el grito en el cielo. A pocas horas de que inaugurase un congreso que busca ser de unidad, pero también de carpetazo a cualquier resquicio de la etapa de la corrupción, la justicia valenciana hizo que los populares se desayunaran con la primera condena judicial por los tejemanejes de la trama Gürtel. Se trata de la primera sentencia de este escándalo, y llega en el octavo cumpleaños de su estallido.

Hoy hace exactamente ocho años Rajoy proclamó: «Esto no es una trama del PP; esto es una trama contra el PP». Le escoltaban todos los entonces barones del partido, entre ellos el valenciano Francisco Camps. Una consejera de su Gobierno, Milagrosa Martínez, que aquel año 2009 presidía las Cortes Valencianas, fue condenada ayer a nueve años de cárcel por amañar contratos de la Generalitat -en concreto, de los estands de la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009- para beneficiar a la red que dirigían Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Tres capos que también han recibido su primer castigo: 13 años de prisión. Y todavía restan cinco piezas solo de la rama valenciana, además de toda la trama madrileña.

En la sentencia de ayer, el tribunal encargado de juzgar el caso ve probado que los responsables de la Gürtel crearon una trama empresarial para obtener contratos del Gobierno valenciano tras realizar distintas actuaciones encaminadas a «manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos». Según el fallo, el grupo de empresas de Correa no tenía medios para ejecutar dichos trabajos, que subcontrataban con terceros, «pero obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes».

ADMINISTRACIÓN CÓMPLICE / El magistrado Juan Climent, ponente de la sentencia, considera probado que esa situación era admitida por la Administración autonómica y sostiene que no solo no se llevó un control efectivo de los pagos, sino que se alteraron los criterios de adjudicación para beneficiar irregularmente a las empresas de Correa, que contaban con información privilegiada, pues conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia condena a Correa a 13 años de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho activo. Por esos mismos delitos y el de falsedad documental, el tribunal condena a Crespo a 13 años y tres meses, y a El Bigotes, a 12 años y tres meses. Otros empleados de la red de empresas, como Isabel Jordán, también han sido condenados, en su caso a seis años de prisión.

Por su parte, la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez fue condenada a nueve años de prisión por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo. Es el segundo miembro de un Gobierno de Camps que pisará la cárcel, después de Rafael Blasco. La Sala absolvió en cambio a la también exconsejera de Turismo Angélica Such del delito de prevaricación administrativa, el único por el que estaba acusada.

Si hace ocho años Rajoy no reconocía la posibilidad de que se pudiera haber cometido delito alguno, ayer la reacción del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, llevaba implícita una asunción de responsabilidad, al subrayar la distancia que ha tomado el partido con los implicados. «Las decisiones políticas de este caso se tomaron en su día. Ninguna de las personas implicadas está en el PP. El Parlamento tomó medidas muy rotundas en la pasada legislatura para evitar estos casos», adujo, informa Juan Ruiz Sierra.

PRÓXIMA CAUSA / El fallo conocido ayer llega un mes antes del inicio en la Audiencia Nacional del juicio por fraude electoral y financiación irregular del PP valenciano entre los años 2007 y 2008. Allí, junto a los cabecillas del entramado, también se sentarán en el banquillo de los acusados, entre otros, Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano del 2007 al 2009.