La ponencia de autogobierno del Parlamento vasco tiene ya sobre la mesa las propuestas de todos los partidos, y se han evidenciado tres hechos: PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE tienen mimbres suficientes para llegar a un acuerdo; los nacionalistas, incluida EH Bildu, reclaman un nuevo estatus para Euskadi pero sin ruptura con el Estado, y sobre todo, los protagonistas están dejando claro que el camino abierto nada tiene que ver ni con la vía unilateral catalana ni con el plan Ibarretxe.

Los puntos en torno a los cuales puede articularse un amplio consenso son el blindaje del autogobierno, la inclusión de nuevas garantías para evitar injerencias del Estado en las competencias vascas, la defensa de los derechos sociales, la mejora de la relación con Navarra y el País Vascofrancés y la participación de Euskadi en la toma de decisiones en la Unión Europea. En todos estos conceptos están de acuerdo PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, que suman 66 de los 75 escaños de la Cámara vasca. El PP, aunque participa en la ponencia, no ve necesaria ninguna reforma del Estatuto y se limita a alertar sobre los riesgos de reproducir el proceso secesionista de Cataluña.

Tanto el PNV como el propio lendakari, Iñigo Urkullu, están preocupados ante el riesgo de que se vislumbre este proceso de debate como un «segundo frente» independentista en el Estado. Las primeras reacciones desde Madrid han sido negativas, lo que ha llevado al presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, a lamentar «el clima de resurrección del Cid Campeador» creado sobre todo a raíz del desafío catalán. Pero, al mismo tiempo, saben de la importancia de sus votos para Mariano Rajoy en el Congreso, por lo que confían en que el ambiente se relaje para poder negociar la reforma estatutaria.

De hecho, poco tiene que ver esta vía con la seguida por el denominado plan Ibarretxe. Aquel proyecto de reforma del Estatuto de autonomía fue presentada por el entonces lendakari en el 2003 sin participación de los partidos no nacionalistas, y aprobada en el Parlamento de Vitoria con los votos del tripartito gobernante, integrado por PNV, EA, y Ezker Batua-Berdeak, aunque también fue apoyada por la mitad de los representantes de Batasuna, que quisieron mostrar un «sí crítico». La propuesta fue rechazada abrumadoramente en el Congreso, donde PP y PSOE argumentaron que escondía un plan secesionista, era inconstitucional y se había elaborado sin un debate previo con los no nacionalistas.

Esos son precisamente los obstáculos que ahora se pretenden evitar. De entrada, en la ponencia están participando PSE y PP, aunque en este último caso con enormes reticencias. Además, no se incluye el derecho a autodeterminación, sino que se alude a un concepto más genérico como el «derecho a decidir». Y en todo caso, no se plantea ninguna ruptura con España.

También el procedimiento es diferente ahora. El próximo 21 de febrero, tras analizar las propuestas presentadas por las cinco formaciones de la Cámara vasca, la comisión redactará un documento de síntesis con las coincidencias y las discrepancias. Y posteriormente, un grupo de expertos elaborará un texto articulado que en último término también deberá ser tramitado en el Congreso.

Una de las grandes novedades ha sido el pragmatismo exhibido por EH Bildu, que en su propuesta no reclama la independencia, y admite que el Estado siga ejerciendo y regulando un número limitado de materias. Este giro estratégico es notorio, ya que históricamente han criticado sistemáticamente todas las propuestas que no incluyeran la vía unilateral e inmediata hacia la independencia.